En un movimiento que marca otro giro en el proceso de revisión de la reforma pensional, la Corte Constitucional aceptó que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar se apartara del caso. La decisión fue unánime entre sus pares y responde a una polémica generada por declaraciones que el magistrado hizo a finales de 2025, cuando fungía como presidente del tribunal.

Ibáñez solicitó su impedimento el 13 de febrero argumentando que sus palabras en una entrevista podrían afectar su imparcialidad. Aunque él insistió en que solo había explicado cómo se reanudaría la discusión en la Corte sin adelantar su posición jurídica, desde la Presidencia de la República se presentó una recusación en su contra. El Gobierno consideró que sus declaraciones constituían "una intervención activa en el debate público sobre la reforma" y las calificó como "preocupante". Ante esta presión, Ibáñez decidió apartarse para evitar más cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

El apartamiento del magistrado tiene consecuencias inmediatas. Ibáñez era el encargado de redactar la ponencia del caso, es decir, el documento que propone cómo debe fallar la Corte. En un escenario anterior, la votación había quedado empatada, lo que ya obligó al tribunal a nombrar un conjuez para desempatar. Ahora deberá asignarse un nuevo ponente, tarea que corresponde a Paola Meneses, la actual presidenta de la Corte Constitucional.

Este cambio significa que todo el proceso vuelve a empezar. La nueva ponencia deberá ser construida desde cero, lo que implica una suspensión temporal mientras se revisa nuevamente el expediente y se redacta el documento para que la Sala Plena lo considere. No es la primera vez que el magistrado Ibáñez se ve obligado a retirarse de un tema sensible: en diciembre también quedó por fuera del debate sobre el decreto de emergencia económica tras las mismas declaraciones.

Lo que se debate en la Corte es nada menos que la viabilidad de la Ley 1681 de 2024, que reorganiza completamente el sistema de protección social para la vejez, invalidez y muerte. En su ponencia original, que tuvo 87 páginas, Ibáñez había propuesto declarar la ley inexequible, es decir, inconstitucional. Su argumento se centraba en que el Congreso no había subsanado los defectos de procedimiento que el tribunal ya había advertido, especialmente la falta de debate completo del articulado en la Cámara de Representantes. Según su análisis, esto vulneraba el principio democrático y los derechos de las minorías.

Con un nuevo ponente en el camino, la dirección del fallo podría cambiar completamente. La sentencia final tendrá implicaciones profundas no solo en lo jurídico, sino también en lo político y fiscal para todo el país, pues afectará a millones de colombianos que dependen del sistema de pensiones. Por eso este caso sigue siendo uno de los más intensos en el centro del debate nacional.