La Guajira carga con un lastre histórico de corrupción, debilidad política y vulneración de derechos humanos que ha dejado a su población en incertidumbre constante. Así lo refleja un estudio realizado por la Universidad del Norte de Barranquilla, que pone en evidencia lo que los guajiros viven cada día: un departamento atrapado en crisis que reclama cambios reales, no promesas electorales que se olvidan después de las urnas.

Con la llegada de una nueva administración presidencial, la gente de La Guajira vuelve a tener la oportunidad de exigir lo que le corresponde. Los reclamos son claros y urgentes: acceso garantizado a agua potable en los 15 municipios donde hoy es un lujo, fortalecimiento serio de los servicios de salud y educación, y principalmente, la creación de empleos genuinos. No basta con asistencialismo ni con dádivas electorales. Se necesita un modelo económico que potencie las vocaciones reales del territorio: energías renovables como la eólica y solar, turismo sostenible, agroindustria y aprovechamiento responsable de los recursos mineros y salineros.

El departamento tiene el potencial, el territorio y los recursos para prosperar, pero lo que falta es voluntad política y transparencia en la ejecución presupuestal. En el sur de La Guajira, por ejemplo, el fortalecimiento de la producción agrícola local podría erradicar el hambre y reducir la dependencia de alimentos externos. La desnutrición infantil, un problema que cobra vidas preventibles cada año especialmente en comunidades indígenas wayuú, debe ser atacado con acciones concretas, no solo con palabras.

Aunque el Gobierno Departamental actual ha mostrado algo de estabilidad en comparación con administraciones anteriores, la realidad sigue siendo dramática: más del 60% de la población vive en pobreza extrema, la inseguridad alimentaria es crítica y la crisis humanitaria persiste sin soluciones de fondo. Es hora de que los guajiros cambien su relación con la política. El voto no puede seguir siendo un producto de intercambio donde se elige por favores y promesas incumplidas. Hay que enterrar esa cultura del clientelismo y exigir rendición de cuentas real.

Esta es la oportunidad para que La Guajira salga del círculo vicioso de gobernantes débiles y decisiones políticas que perpetúan la crisis. Los ciudadanos deben votar con libertad de opinión, participar activamente en el diseño de planes de desarrollo ajustados a sus necesidades reales y vigilar que los presupuestos se ejecuten con transparencia. Solo así, con presión desde abajo y una conciencia política madura, se podrá exigir al próximo presidente acciones verdaderas que cierren las brechas educativas, garanticen el agua potable y generen oportunidades económicas reales para que La Guajira sea finalmente lo que puede ser: próspera, moderna y competitiva.