Lili Pink bajo investigación: qué pasa con los 3.000 empleados mientras la Fiscalía actúa

La Fiscalía investiga a Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando por más de 730.000 millones de pesos. La empresa ahora está administrada por la SAE, pero continúa operando normalmente. Los más de 3.000 trabajadores mantienen sus empleos y derechos laborales protegidos durante el proceso, aunque el futuro dependerá de las decisiones judiciales que se tomen en los próximos meses.
La empresa de moda Lili Pink enfrenta una investigación de la Fiscalía General por presunto lavado de activos y contrabando, lo que ha generado preocupación entre empleados, proveedores y clientes. Sin embargo, hay una noticia importante para quienes trabajan allí: por ahora, la empresa no cierra y los empleos no están en riesgo inmediato.
Lo que pasó es que la Fiscalía tomó una medida preventiva que cambió quién administra el negocio. Ahora la Sociedad de Activos Especiales (SAE) es quien dirige las operaciones diarias mientras avanzan las investigaciones. El equipo legal de Abogadosaunclic explicó que "la Fiscalía fue una medida preventiva para investigar a Lili Pink. Mientras se adelanta el proceso, el negocio no se cierra, sino que sigue funcionando y cambia de administrador, que en este momento es la SAE".
Aquí viene lo crucial para los trabajadores: la SAE no es el empleador directo. Esto significa que no hereda demandas ni sanciones anteriores, pero sí tiene la obligación de mantener la empresa funcionando. Eso incluye pagar todos los salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social de los más de 3.000 empleados. La propia compañía pidió a las autoridades que protegieran estos empleos durante el proceso.
Si la investigación concluye que los dueños cometieron los delitos investigados, entonces sí cambiaría el panorama. En ese caso se activaría la extinción de dominio, lo que significa que el Estado pasaría a administrar los bienes de forma definitiva. A partir de ahí podrían ocurrir varias cosas: venta total o parcial de la empresa, reestructuración del negocio, o en el peor escenario, liquidación. Solo si esto último ocurriera, la compañía podría solicitar al Ministerio de Trabajo terminar los contratos de forma colectiva, un procedimiento que requiere autorización previa.
Por ahora, el mensaje para los empleados es de tranquilidad relativa. Los derechos laborales están siendo protegidos expresamente por las autoridades, evitando despidos masivos o interrupciones en pagos mientras se define el futuro jurídico de la empresa. El desenlace dependerá de cómo avance la investigación en los próximos meses.
Fuente original: Portafolio - Empleo