Lo que pudo haber sido un simple permiso de construcción se transformó en un conflicto administrativo complejo que hoy cuestiona la actuación de autoridades en Jamundí. Según reveló Revista Semana, un propietario que adquirió un lote en 2016 obtuvo en 2025 una licencia oficial de la Secretaría de Planeación para ampliar su vivienda dentro de un condominio. El detalle que levantó las sospechas: el mismo conjunto residencial es donde habita la alcaldesa Paola Castillo. El expediente, según los documentos conocidos, acumula denuncias por presuntos "vicios de procedimiento", abuso de funciones y violaciones al derecho a una defensa adecuada.

El conflicto comenzó cuando la administración del condominio cuestionó la legalidad de las obras y pidió a las autoridades que las revisaran. El propietario cuestiona que la junta directiva del conjunto, a través de su representante legal, haya incurrido en actuaciones que vulneran derechos fundamentales. Incluso, la Fiscalía investiga un episodio por presunto delito de violación de habitación ajena. Cuando en diciembre de 2025 la administración solicitó revocar la licencia de construcción, el propietario contraatacó pidiendo que se inspeccionaran otros predios del conjunto por posibles irregularidades urbanísticas.

A partir de ahí, el caso se fue enredando. Lo que más inquieta al denunciante es lo que describe como trato discriminatorio de las autoridades. Mientras su obra recibía inspecciones constantes, otros predios vecinos presuntamente no pasaban por el mismo escrutinio. Una inspección del 6 de marzo de 2026 concluyó que su construcción cumplía con lo aprobado, aunque con algunas variaciones menores. Sin embargo, cuando inspeccionaron un predio contiguo, encontraron una piscina, un jacuzzi y una zona BBQ sin ninguna licencia, sin que se tomaran medidas fuertes al respecto. Ese contraste alimentó las sospechas de decisiones arbitrarias.

Los problemas administrativos se multiplicaron. El caso fue enviado a una Inspección de Policía que, según la denuncia, no tenía competencia para manejarlo. En abril de 2026, la Inspección Tercera ordenó suspender la obra inmediatamente, pero sin audiencia previa ni cumplir los trámites requeridos, lo que el propietario considera una violación al debido proceso. Un día después, la misma inspección revirtió su decisión, reconoció fallas y remitió el caso a otra instancia. Sin embargo, el cambio no mejoró las cosas. El propietario denunció que la nueva inspección se negó a entregar copias del expediente, citaba con poco tiempo y realizaba audiencias sin resolver aplazamientos previos. Además, asegura que sus solicitudes y pruebas no quedaron documentadas en los registros.

Ante este panorama, el propietario escaló sus acciones. Presentó quejas ante la Procuraduría, denuncias ante la Fiscalía por presunto prevaricato y solicitó la nulidad de todo lo actuado, argumentando que la falta de acceso completo al expediente le impidió defenderse adecuadamente. La Alcaldía de Jamundí respondió a Revista Semana confirmando que existe un proceso por presunta infracción urbanística, tramitado bajo la Ley 1801 de 2016. Aseguró que respeta las garantías procesales y pidió evitar conclusiones anticipadas mientras se resuelve el fondo del asunto. Sin embargo, la cadena de decisiones, omisiones y cambios de criterio continúa levantando sospechas sobre cómo se está manejando este caso en el municipio.