Lo que parece una buena noticia para los trabajadores activos se convierte en una pesadilla para quienes están cerca de jubilarse o ya lo hicieron. El Gobierno subió el salario mínimo de 1.423.500 pesos en 2025 a 1.750.905 pesos en 2026, un aumento real de 18 puntos porcentuales por encima de la inflación. Simultáneamente, modificó la regla que usan las aseguradoras para proyectar cuánto crecerá anualmente la pensión de quienes ya están jubilados. Juntos, estos cambios están generando lo que Asofondos califica como "uno de los choques más relevantes para el régimen privado en las últimas décadas".

Para entender el impacto en el bolsillo: pensionarse acaba de volverse mucho más costoso. En 2025, una renta vitalicia (ese pago mensual garantizado de por vida que reciben los jubilados) de salario mínimo costaba aproximadamente 350 millones de pesos. En 2026 asciende a 550 millones. Esto significa que un trabajador necesita ahorrar 200 millones de pesos adicionales solo para poder jubilarse con los mismos beneficios. Para muchos, simplemente no tienen ese dinero guardado.

El informe de Asofondos identifica seis cambios concretos que están castigando a más de 115.000 personas. Primero están los 12.400 afiliados que ya tenían dinero suficiente para retirarse bajo las reglas anteriores, pero ahora no califican. Algunos tendrán que trabajar casi cinco años más; en casos extremos, hasta 20 años adicionales, aunque ya hayan alcanzado la edad legal de jubilación. El documento menciona un caso de una mujer de 62 años enfrentada a este limbo.

Luego están los 3.600 pensionados que antes podían autofinanciar su pensión mínima y ahora deberán depender del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (un salvavidas estatal que cubre a quienes no tienen suficientes ahorros). Los cálculos proyectan que en los próximos 15 años serán 32.500 personas más en esta situación, con un costo fiscal acumulado de 4,8 billones de pesos.

El golpe más duro golpea a 72.600 pensionados en retiro programado. Estos ya no pueden disponer libremente de su dinero ahorrado para vivir, sino que reciben mensadas calculadas con fórmulas actuariales. Con el encarecimiento de las rentas vitalicias, sus mensadas se recalcularon a la baja. Algunos enfrentan caídas de hasta el 50 por ciento. Un ejemplo concreto del informe: un hombre que en 2025 recibía cerca de 3.400.000 pesos mensuales podría estar percibiendo aproximadamente 1.980.000 pesos en 2026, casi 1.500.000 menos cada mes.

Hay otro problema que no muchos ven venir: el seguro previsional que cubre a los afiliados ante invalidez o muerte antes de jubilarse está llegando a su límite de viabilidad. Con los nuevos cálculos, el costo sube a 2,63 por ciento de la cotización obligatoria, peligrosamente cerca del 3 por ciento máximo permitido por ley. Lo grave es que el mercado se ha concentrado: pasó de nueve aseguradoras a solo tres. Si los costos continúan subiendo y ningún parámetro cambia, "la continuidad del seguro está en riesgo, lo que podría dejar a más de 19 millones de afiliados sin cobertura", según el informe.

En síntesis, el Gobierno enfrentó una decisión que buscaba beneficiar a trabajadores activos incrementando el salario mínimo de manera significativa. Pero ese incremento real tan alto —por encima de lo que crece la productividad y la inflación— encarece automáticamente las pensiones futuras. Al cambiar simultáneamente cómo se calcula ese crecimiento, el Estado trasladó hacia los trabajadores y pensionados costos que antes absorbía. "El sistema enfrenta mayor incertidumbre, más años de cotización exigidos, menores pensiones y un traslado explícito de costos desde el Estado hacia los afiliados, pensionados y administradoras", concluye Asofondos.