Las autoridades ambientales del país enfrentan una ecuación cada vez más complicada: salvar fauna silvestre cuesta dinero, y mucho de ese dinero se va en cuidados que no terminan. Durante 2025, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible atendieron más de 40.000 animales en sus centros especializados, lo que representa un aumento significativo comparado con los 39.217 casos del año anterior. Este crecimiento refleja tanto la presión creciente sobre los ecosistemas como la capacidad de respuesta que han construido a través de 37 lugares de atención distribuidos en el territorio.

El lado positivo de las cifras es que el 54% de estos animales, más de 21.000, lograron ser rehabilitados y retornar a su hábitat natural. Pero aquí es donde el panorama se complica para las finanzas públicas: el 46% restante no pudo ser liberado. La razón son secuelas físicas o conductuales irreversibles, decesos durante el proceso de recuperación o tratamientos clínicos que se extienden indefinidamente. Estos animales requieren cautiverio permanente, lo que significa que el Estado asume costos operativos fijos año tras año sin poder cerrar el ciclo de atención.

Entre los animales recibidos, los réptiles dominan la estadística con el 47,6% de los ingresos a los centros de rescate, seguidos por aves con el 28,2% y mamíferos con el 23,9%. Para enfrentar el origen del problema, las autoridades ambientales recalcan la Ley de Delitos Ambientales 2111 de 2021, que castiga el aprovechamiento ilícito de recursos naturales con penas de hasta 135 meses de cárcel, complementada con multas administrativas según la Ley 1333 de 2009.

En el frente tecnológico, las CAR han implementado un fortalecimiento significativo en capacidades de monitoreo. Pasaron de 483 cámaras trampa en 2023 a 1.842 en 2025, lo que representa un crecimiento del 280%. Este salto fue posible gracias a compromisos adquiridos en la COP16 y permite generar información en tiempo real sobre el comportamiento de las especies. El objetivo es garantizar que los animales liberados tengan ecosistemas saludables donde prosperar y que el seguimiento sea científicamente riguroso.