Bruselas dio un giro significativo en su política de migración. El lunes 1 de junio, las tres instituciones principales de la Unión Europea - la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo- alcanzaron un acuerdo sobre un nuevo reglamento de retornos que marca un antes y un después en cómo el bloque europeo enfrenta la deportación de migrantes irregulares.

El nuevo marco abre una puerta que antes parecía cerrada: permite que los Estados miembros construyan centros de detención fuera de las fronteras de la UE. Esta medida, pensada para intensificar las deportaciones, representa un cambio considerable en la forma en que Europa ha abordado históricamente estos temas dentro de sus propios territorios.

Lo más llamativo es lo rápido que algunos países europeos se han movido. Uzbekistán, Libia y Uganda ya están en conversaciones avanzadas para recibir estos centros de detención. Pero las ambiciones van más lejos: hay intención de negociar incluso con los talibanes en Afganistán para este mismo propósito. Esto último resulta especialmente controvertido, considerando el historial de derechos humanos en esos territorios.

Los analistas no han tardado en hacer comparaciones. Estas políticas recuerdan el enfoque migratorio agresivo que caracterizó la administración Trump en Estados Unidos, conocido por sus métodos contundentes en deportaciones y control fronterizo. Lo curioso es que Europa, que históricamente se ha presentado como defensora de estándares más altos en derechos humanos, parece estar adoptando tácticas que antes criticaba.