La ministra Irene Vélez convocó a una discusión sobre "la transición más allá de los combustibles fósiles" que, aunque aborda un tema urgente, presenta el problema de forma equivocada. La propuesta se plantea como una disyuntiva sin salida: o apuestas por los fósiles o apuestas por el futuro. Pero la realidad, como siempre, es más complicada que eso.

El mundo entero está redefiniéndose en materia de transición energética. Lo que antes parecía una ruta lineal hacia la descarbonización ahora se mueve por zonas grises, moldeado por nuevas realidades geopolíticas, económicas y tecnológicas. La guerra en Ucrania evidenció que la dependencia energética no es solo un problema ambiental, sino un riesgo estratégico. Europa aprendió esa lección de la manera más dura. Hoy, países que antes apostaban por desmontar rápidamente los combustibles fósiles ahora ajustan sus cronogramas, reactivan exploraciones o prolongan la vida de sus activos tradicionales. No es un retroceso; es una adaptación realista frente a la incertidumbre.

La seguridad del suministro energético y la soberanía se han convertido en prioridades de Estado. Las naciones buscan reducir su exposición a mercados volátiles y fortalecer su capacidad interna de generación, ya sea mediante renovables, potencial hidroeléctrico o aprovechamiento de sus propios recursos. La verdadera transformación energética será aquella que logre armonizar tres pilares: sostenibilidad ambiental, seguridad del suministro y autonomía estratégica. No se trata de elegir uno, sino de equilibrar los tres.

Colombia no enfrenta una elección binaria, sino un desafío de sincronización. El país sigue dependiendo de los hidrocarburos como columna vertebral de sus finanzas públicas y su balanza externa. El petróleo y el gas generan una fracción significativa de las exportaciones e ingresos fiscales. Pretender un salto abrupto hacia una economía post-fósil, sin las condiciones técnicas, fiscales y sociales adecuadas, es desmontar el puente antes de cruzarlo. La transición energética no es un acto de fe, sino un proceso de ingeniería que exige tiempos, inversiones y realismo.

El Presidente Petro ha planteado que el petróleo y el gas ya no se venderán en el mundo y que abandonarlos cuanto antes es necesario porque "si exportamos petróleo, gas y carbón matamos a la humanidad". Sin embargo, las cifras cuentan otra historia. La demanda mundial de petróleo superó los 100 millones de barriles por día, con registros de 104 millones el año anterior. El carbón también marca récords: pasó de 8.700 millones de toneladas en 2023 a 8.845 millones en 2025. El mundo sigue consumiendo estos energéticos a ritmos nunca antes vistos.

Colombia depende del petróleo y el carbón como sus dos principales renglones de exportación. Son los mayores generadores de divisas para el país, las principales fuentes de ingresos fiscales y, a través del Sistema General de Regalías, financian los proyectos de inversión de las entidades territoriales. Además, la transición energética requiere recursos que solo estos sectores pueden proporcionar por ahora. Brasil, por ejemplo, creó un Fondo para financiar su transición energética alimentado por las utilidades de su industria petrolera.

La verdadera discusión no debería ser si Colombia debe ir más allá de los combustibles fósiles —eso es inevitable— sino cómo y a qué ritmo hacerlo sin sacrificar crecimiento, empleo y estabilidad. La electrificación del transporte, la expansión de renovables, el fortalecimiento de redes de transmisión y la promoción de eficiencia energética son piezas claves, pero requieren financiamiento, planeación y continuidad en las políticas públicas. Colombia no está renunciando a la transición; necesita madurarla, llevarla del terreno de las aspiraciones al de las realidades, donde las decisiones se midan en su capacidad de sostener economías y garantizar bienestar. No se puede llegar a la tarde sin pasar por el medio día.