Cuando el presidente Gustavo Petro vuelve a hablar de una Asamblea Nacional Constituyente, inevitablemente se recuerda lo que pasó en 1991. Pero esa historia es más complicada de lo que parece: no fue un acto de voluntad presidencial únicamente, sino la convergencia de una ciudadanía cansada, una crisis institucional grave y una serie de decisiones políticas y judiciales que se alinearon en el momento preciso.

Colombia a finales de los años ochenta estaba herida. La violencia del narcotráfico desangraba el país, líderes políticos caían asesinados y la Constitución de 1886 mostraba sus costuras. En esa realidad de zozobra surgió algo que cambió el juego: la Séptima Papeleta. Fueron estudiantes quienes la impulsaron, con una idea simple pero potente. Proponían que en las elecciones de marzo de 1990 la gente depositara un voto adicional pidiendo una Asamblea Constituyente. Esa papeleta no era oficial, no estaba en el tarjetón electoral, pero se convirtió en un grito que el sistema no podía ignorar.

El presidente Virgilio Barco entendió el mensaje. Expidió el Decreto 927 de 1990 que permitió contabilizar esos votos ciudadanos en las elecciones presidenciales de mayo. El resultado fue contundente: la gente apoyaba la idea. Ya no era solo cosa de universidades y marchas callejeras. La presión había llegado a las estructuras del Estado.

Cuando César Gaviria asumió la Presidencia en agosto de 1990, el proceso ya estaba en marcha. Su contribución fue convertir esa ola ciudadana en una ruta legal y ordenada. El Decreto 1926 de agosto 24 de 1990 fue el instrumento clave: fijó todo lo necesario para elegir a los miembros de la Asamblea. Estableció que la elección sería el 9 de diciembre de ese año y definió cómo se compondría la Asamblea, cuánto tiempo funcionaría y cómo se votaría. Gaviria no inventó la Constituyente: la administró políticamente y le dio forma legal.

La Corte Suprema de Justicia tuvo un papel que muchos olvidan. Cuando revisó esos decretos, pudo haber cerrado la puerta, pero no lo hizo. Por el contrario, validó el proceso. En medio de una situación excepcional de orden público e institucional, la Corte aceptó que la voz de la ciudadanía se tradujera en una Asamblea Constituyente. La Asamblea reunió delegatarios del liberalismo, sectores conservadores, la Alianza Democrática M-19 y otros movimientos políticos.

Durante 1991, esa Asamblea trabajó y produjo la Constitución Política que sigue rigiendo al país. Reemplazó la de 1886, abrió espacios para la participación ciudadana, amplió derechos, creó la Corte Constitucional y rediseñó el equilibrio entre poderes. Fue presentada como salida a una crisis acumulada y como intento de abrir el sistema político a nuevas voces.

Pero aquello ocurrió bajo reglas diferentes a las de hoy. La Constitución de 1991 ya regula cómo se convoca una Asamblea Constituyente. El artículo 376 dice que el Congreso debe aprobar una ley para que el pueblo vote si quiere Asamblea, y que esa convocatoria necesita el respaldo de al menos una tercera parte de las personas en el censo electoral. Dicho de otra manera: cualquier intento ahora de repetir el camino de 1991 enfrenta una barrera que no existía entonces. La Constituyente de Gaviria nació bajo la Carta de 1886 y con un procedimiento excepcional. Una nueva tendría que moverse dentro de las reglas que dejó precisamente la Constitución de 1991.