Las autoridades asestaron un golpe significativo a la minería ilegal en Nariño al intervenir 15 unidades extractivas que funcionaban sin control en zona rural, específicamente sobre un afluente del río Samaná. La operación, dirigida contra estructuras vinculadas al Clan del Golfo, logró desmantelar una red que venía generando graves daños ambientales en el territorio.

Durante el operativo fueron destruidos o inutilizados equipos pesados como excavadoras, motores y plantas eléctricas, junto con motobombas que servían para la extracción del mineral. Las autoridades también aseguraron más de 4.200 galones de combustible que alimentaban estas actividades criminales. En total, el impacto económico para la estructura ilegal supera los 15 mil millones de pesos, según estimaciones oficiales.

El daño que quedó en el territorio es preocupante. El río Samaná y sus afluentes fueron impactados directamente por esta minería descontrolada, y los expertos advierten que la recuperación ambiental de estas fuentes hídricas podría tomar años. Aunque las operaciones en la zona continúan, el desafío ahora es contener un problema que va más allá de lo económico: se trata de restaurar ecosistemas que fueron esquilmados sin consideración alguna por los criminales que los explotaban.