Después de casi un año esperando, los colombianos tendrán que aguantar más tiempo. La Corte Constitucional acaba de volver a retrasar la decisión sobre la reforma pensional que el Gobierno impulsa. La razón es que el magistrado que llevaba el caso, Jorge Enrique Ibáñez, tuvo que apartarse por una controversia: dio una entrevista en la que comentó públicamente lo que pensaba sobre la reforma, lo que el Gobierno vio como un prejuzgamiento del caso. Aunque Ibáñez argumentó que hablaba en sus funciones institucionales frente a una cobertura mediática intensa, al final decidió dar un paso al costado.

Con su salida empieza todo de nuevo. La magistrada Paola Meneses, presidenta de la Corte, ahora debe asumir la tarea de estudiar toda la documentación nuevamente y preparar su propio análisis. No puede basarse en lo que ya había hecho Ibáñez. Esto significa que el proceso que parecía avanzado vuelve a un punto de partida. Por dentro de la Corte esto es importante porque el cambio de ponente modifica quién piensa qué sobre el tema y cuáles podrían ser las mayorías para votar a favor o en contra.

El debate de fondo aquí no es si el sistema de pensiones que propone el Gobierno es bueno o malo, sino si el Congreso aprobó la reforma de forma legal. Los demandantes dicen que en la votación final de la Cámara de Representantes el texto fue aprobado sin debatir bien los artículos, una práctica que se conoce como "pupitreado". También reclaman que hubo problemas con la cantidad de congresistas que votaron. Estos son trámites técnicos pero fundamentales: si un proyecto no se aprueba correctamente en el Congreso, la Corte puede echarlo atrás, aunque la idea sea buena.

Lo interesante ahora es que dentro de la Corte crece la posibilidad de que no sea un fallo de todo o nada. Podrían aprobar solo partes de la reforma o incluso devolver el proyecto al Congreso para que lo debata artículo por artículo y corrija los errores de procedimiento. Estas serían salidas intermedias que nadie había considerado tanto antes.

Sin embargo, esto trae una complicación adicional: si los nueve magistrados votan empatados (cuatro a favor, cuatro en contra, uno indeciso), necesitarían un conjuez externo para desempatar. Ese proceso no tiene tiempo máximo establecido, lo que podría alargar todo aún más. La magistrada Meneses tendrá que estudiar el caso completo, elaborar su propuesta y luego circular el documento entre todos sus colegas antes de convocar a votación. Todo eso, según fuentes internas, podría tomar varios meses.

La incertidumbre es casi total. Lo único seguro es que la decisión que llevan esperando casi un año los trabajadores, empleadores, fondos de pensión y empresas de seguros, sigue sin fecha clara. El panorama de negocios se mantiene en vilo, pues nadie sabe si la reforma que ya está siendo implementada seguirá vigente o si habrá que deshacerla. Mientras tanto, la Corte Constitucional comienza un nuevo capítulo de un debate que parece no tener fin.