La tensión entre el Ejecutivo y la Rama Judicial volvió a escalarse esta semana cuando el presidente Gustavo Petro cuestionó a través de redes sociales la decisión del Consejo de Estado de detener provisionalmente el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones. No fue una crítica pasajera: Petro pidió públicamente que se demandara penalmente al magistrado ponente por prevaricato, un mensaje que cruzó una línea que los jueces no estaban dispuestos a permitir sin respuesta.

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial salió al frente con un comunicado que dejó clara su posición. Recordó que "en un Estado democrático, el respeto por la separación de poderes constituye un deber ineludible de todas las autoridades públicas, especialmente de quienes ejercen las más altas dignidades del Estado". El órgano judicial señaló que "en las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó a través de sus redes sociales señalamientos contra una decisión del Consejo de Estado, que resultan incompatibles con la necesaria relación armónica que debe existir entre las ramas del poder público".

El Consejo de Estado fue más allá. En su respuesta, estableció que "el tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes". Los jueces expresaron que estas manifestaciones presidenciales "inquietan" y advirtieron que la desinformación "deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de Derecho que el país ha construido y defendido, y se traducen en señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar".

Los magistrados también defendieron sus facultades constitucionales. Recordaron que el artículo 238 de la Constitución les otorga la potestad de suspender provisionalmente actos administrativos del Ejecutivo, justamente porque "reconoció expresamente la necesidad de establecer controles efectivos al ejercicio del poder público". Para ellos, esta capacidad de control no es un capricho judicial, sino una salvaguarda democrática.

La frase más contundente del Consejo de Estado llegó casi al final: "cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos". Con esas palabras, la judicatura colombiana dejó clara su determinación de mantener su independencia frente a cualquier presión política, sin importar de dónde provenga. No es la primera vez que el presidente y los jueces chocan en los últimos meses, pero esta respuesta marca un punto de quiebre en el tono de la confrontación.