Observar cómo la administración anterior decidió jugar a "los congelados" con la seguridad nacional resulta indignante para muchos colombianos. La llamada "paz total" se presentó como una apuesta humanitaria, pero en la realidad significó desmantelar estructuras de inteligencia, suspender bombardeos estratégicos y congelar órdenes de extradición contra los líderes del crimen organizado. Mientras el palacio presidencial pronunciaba discursos sobre reconciliación, regiones enteras del país quedaban bajo el control de las mafias, sin protección estatal efectiva.

El impacto de esta decisión fue tangible: los únicos que se quedaron paralizados fueron soldados y policías, mientras los grupos ilegales aprovecharon la inmovilidad oficial para multiplicar su presencia territorial. Así, lo que debería haber sido un gesto de buena fe se convirtió en una capitulación que entregó el territorio al mejor postor. Las consecuencias aparecen en cifras desoladoras que cierran un período oscuro: 261 mil hectáreas de coca cultivadas, un nuevo récord histórico que financiaba máquinas de guerra infinitas en el Pacífico, el Catatumbo y el Putumayo.

El dinero que genera hoy el narcotráfico en el país sorprende y asusta: más de 16 mil millones de dólares anuales que representan el 4,4% del Producto Interno Bruto. Mientras esos recursos engordaban los bolsillos de los criminales, las comunidades rurales pagaban con vidas. Las masacres no dieron tregua, los asesinatos de líderes sociales ocurrían con regularidad escalofriante y los desplazamientos forzados vaciaban veredas enteras. El hostigamiento diario a la población civil en regiones apartadas contradecía semana tras semana la narrativa oficial de pacificación.

Lo más preocupante es que esta parálisis estatal ha contagiado a la sociedad misma. Cuando los ciudadanos ven extorsiones en sus barrios, prefieren mirar para otro lado. Cuando los transportadores enfrentan retenes ilegales en las carreteras, aceptan pagar "peajes" a grupos armados y avanzan en silencio. La supervivencia obligó a muchos colombianos a congelarse también, normalizando la inmovilidad como el precio por seguir vivo. En otras palabras, cuando el Estado se paraliza frente a la ilegalidad, la sociedad no tiene más opción que aprender el mismo juego de "los congelados", pagando un costo humano incalculable.