La tragedia de Lyhanna volvió a encender una discusión que Francia no quería escuchar. Cuatro días después de hallar el cuerpo de la niña de 11 años, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, anunció una revisión urgente de cerca de 70.000 denuncias relacionadas con menores. El problema es que el sospechoso del crimen, Jérôme B., ya había sido acusado de agresión a una niña en agosto del año anterior, y durante nueve meses nadie lo interrogó. Fue un fallo que despertó rabia en Francia y dividió al país entre quienes ven incompetencia judicial y quienes ven un sistema colapsado.

Darmanin no dudó en buscar culpables dentro de su propia estructura. Aseguró en televisión que tenía "el derecho de proponer sanciones" contra los fiscales e incluso habló de destituir responsables si era necesario. Pero los sindicatos de magistrados salieron al paso con un argumento diferente: el trabajo de los fiscales depende de recursos que simplemente no existen. Las investigaciones de policía y gendarmería están atascadas, los tiempos de respuesta son glaciales, y la acumulación de casos es brutal. Antes de asignar culpas, pidieron que terminaran las investigaciones internas.

El gobierno francés rechaza que la falta de inversión sea el verdadero problema. Tanto el presidente Emmanuel Macron como el ministro Darmanin insisten en que el presupuesto de justicia creció 48,5 por ciento desde 2017. Pero aquí viene el pero: la mayor parte de ese dinero fue a las cárceles, no a los juzgados. De los 1.600 nuevos empleados previstos para 2026, más de la mitad irá a prisiones.

Los magistrados dan cifras que pintan un cuadro diferente. Francia invierte apenas 77 euros por habitante en justicia, mientras Alemania y Bélgica gastan significativamente más. Con solo tres fiscales por cada 100.000 habitantes, las fiscalías no pueden procesar todos los casos. Falta personal clave, como los secretarios judicales que registran denuncias y redactan documentos. Sin ellos, todo se congela. "Hay un cuello de botella estructural", explica la Unión Sindical de Magistrados. El magistrado Jérôme Pauzat va más lejos: "Desde hace años se sabe que harían falta entre dos y tres veces más jueces y fiscales".

La tensión entre el gobierno y los jueces resume un dilema que trasciende a Francia. Darmanin dice que no faltaron medios ni leyes, sino voluntad de priorizar la protección de menores. Los magistrados responden con una frase que retumba: "Cuando todo es prioridad, en la práctica nada lo es". Constantemente reciben nuevas instrucciones para enfatizar distintos temas, pero sin recursos adicionales para cumplirlas. Pauzat lo resume así: "Poner un caso en la cima implica dejar otros abajo. Y nadie asume qué pasa con esos casos aplazados". De cada mil euros de gasto público, solo cinco van a justicia. Si el país quiere proteger mejor a los niños, dice, habrá que abrir la billetera. Y eso es una decisión política que alguien debe tomar.