La Guajira tiene un problema que viene de lejos: aprender sobre los conflictos sociales cuando ya es demasiado tarde. Las vías cerradas, los bloqueos, la tensión en las calles. Pero lo que muchos no ven es todo lo que viene antes: los reclamos acumulados del Estado, los incumplimientos con empresas, las demandas históricas sin respuesta, los problemas de servicios públicos. Durante años, las comunidades han tenido que recurrir a la vía de hecho, a cerrar carreteras, para que alguien las escuche. Y eso ha dejado un daño enorme: pérdidas económicas, trabajadores sin poder movilizarse, turistas atrapados, pacientes en riesgo.

Por eso la creación de la Unidad de Diálogo Social, impulsada por el gobernador Jairo Aguilar Deluque desde la Secretaría de Gobierno departamental, representa un cambio de enfoque político importante. En lugar de reaccionar cuando los conflictos ya explotan, la idea es prevenirlos. Es pasar de la confrontación al relacionamiento, de la imposición a la escucha. La Guajira se convirtió en el único departamento del país que cuenta con una unidad de este tipo a nivel departamental, un pionerismo que trae consigo una responsabilidad clara: demostrar que el diálogo serio es posible como herramienta de gobierno.

Esta Unidad no llegó para permitir bloqueos ni para debilitar la autoridad. Llegó para articularla. Su trabajo es mantener presencia en el territorio, escuchar directamente a las comunidades, mediar con el sector privado y coordinar con todas las instituciones. El punto está en que entienda la complejidad de La Guajira: aquí viven indígenas, afrodescendientes, campesinos y urbanos; hay empresas minero-energéticas, autoridades tradicionales y ciudadanía que durante años sintió que solo era escuchada cuando bloqueaba.

Los números explican por qué esto era urgente. Entre enero y febrero de 2025, La Guajira registró 11 bloqueos, siendo el tercero con más cierres en el país durante ese bimestre. En todo 2024 tuvo 53 bloqueos. A nivel nacional, según el Bloqueómetro de Colfecar, entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 700 bloqueos en vías nacionales, generando 10.930 horas de afectación y dejando pérdidas de 1,9 billones de pesos solo en el sector transporte.

Lo interesante es que esta estrategia ya está mostrando resultados concretos. Desde que la Unidad comenzó a funcionar, los hechos asociados a bloqueos han disminuido en un 49 por ciento, según el seguimiento del Departamento. Eso no significa que el problema esté resuelto, pero sí demuestra que cuando el Estado llega antes, articula bien a los actores y hace seguimiento a los acuerdos, los conflictos pueden tramitarse de otra manera. Incluso el Gobierno nacional ha reconocido esta experiencia como importante para enfrentar la conflictividad social desde la prevención.

Ahora bien, hay que ser claro en algo que genera incómodo: la Unidad ha tenido que luchar contra confusiones que vinieron desde arriba. Cuando desde algunos sectores del Gobierno nacional se interpretó muy flexiblemente qué es una vía de hecho en nombre de la protesta pacífica, se envió un mensaje confuso a las comunidades. Parecía que bloquear una vía, impedir la movilidad, afectar trabajadores y comerciantes era apenas una forma de manifestación. Eso no es así. La protesta pacífica es un derecho constitucional, pero el bloqueo prolongado no puede ser la patente para vulnerar otros derechos. Una cosa es marchar, reclamar y hacerse escuchar. Otra muy distinta es paralizar la vida de terceros que nada tienen que ver con el conflicto.

La Unidad de Diálogo Social de La Guajira representa entonces una madurez institucional: reconocer que gobernar no es solo ejercer autoridad, sino crear canales para que los conflictos no escalen hasta afectar el orden público. Eso requiere método, seguimiento, confianza y, sí, también autoridad legítima que defienda los derechos de todos por igual.