Una investigación periodística de Noticias Caracol ha abierto un debate político intenso en el país tras exponer lo que serían presuntos beneficios y concesiones del Gobierno Nacional al Clan del Golfo dentro de la estrategia de "Paz Total". El reportaje ha generado reacciones fuertes, especialmente de sectores de oposición que cuestionan el rumbo de la seguridad nacional.

De acuerdo con los hallazgos del informe especial, la estrategia del gobierno habría significado cambios operacionales que redujeron la presión militar sobre la estructura criminal en regiones clave como Urabá, Córdoba y Chocó. La investigación señala modificaciones en tácticas de combate, debilitamiento de redes de inteligencia militar y flexibilización de procedimientos contra los principales cabecillas de la organización.

El representante a la Cámara electo Daniel Briceño no dudó en reaccionar públicamente. Mediante redes sociales, afirmó contundente que "el gobierno de Petro negoció en secreto con los criminales del Clan Del Golfo y les entregó la cabeza de 35 generales de las FFMM, desmontaron la inteligencia, les suspendió las órdenes de extradición y los bombardeos". Para Briceño, los hechos revelan lo que calificó como "pura narcopolítica".

La denuncia del congresista electo escaló en tono cuando pidió que se mantengan medidas de vigilancia internacional sobre el presidente Colombiano. Briceño exigió: "Petro debe permanecer en la lista Clinton. Esto es pura NARCOPOLÍTICA". Con esta afirmación, vinculó lo que considera nexos del mandatario con economías ilegales que financian la violencia.

La oposición lee en estos hallazgos un debilitamiento sistemático de la cúpula militar, evidenciado en la salida de experimentados altos mandos al inicio del gobierno. Para los críticos, la suspensión de bombardeos aéreos y el aparente congelamiento de órdenes de extradición representan concesiones excesivas sin contraprestaciones reales de paz de parte de la organización criminal.

El tema ya aviva los debates de control político que se alistarán en el Congreso, en medio de cuestionamientos cada vez más fuertes sobre cómo el gobierno ha manejado las negociaciones con grupos armados organizados.