Mientras el Gobierno no define cómo financiará la emergencia económica declarada por la ola invernal que golpea ocho departamentos, el sector empresarial y financiero ya está haciendo cuentas. Y la factura que ven proyectada es preocupante: los colombianos podrían terminar pagando con impuestos más altos, créditos más costosos, o ambos.

La pregunta central no es si hay que atender la calamidad. En eso hay consenso. El debate es cómo hacerlo. El Gobierno habla de una necesidad cercana a 8 billones de pesos, pero los analistas privados ven un riesgo mayor. Según el centro de estudios Anif, si se implementa un impuesto al patrimonio con tasas del 0,6 por ciento hasta el 1,2 por ciento sobre patrimonio, el recaudo podría alcanzar 13,4 billones de pesos. Es decir, casi 6 billones más de lo necesario. Eso implicaría que la carga tributaria de las empresas subiría del 29,8 al 35,5 por ciento. Para entenderlo en términos simples: el Estado estaría cobrando significativamente más de lo que realmente necesita.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, critica directamente esta medida. Dice que el impuesto al patrimonio es "altamente antitécnico" porque grava la inversión. "Si usted tiene una compañía sana, con más activos que pasivos, el Estado lo va a gravar. Eso termina afectando la generación de empleo y a las familias colombianas", afirma. Lo que preocupa a los empresarios es que Colombia ya ensayó esto en 2011 con resultados que no fueron positivos: el impuesto al patrimonio de ese entonces incrementó el costo de endeudamiento de las empresas y redujo su inversión.

Pero la emergencia también plantea otra amenaza al bolsillo: las inversiones forzosas para los bancos. Esta medida, aún sin decreto, obligaría a las instituciones financieras a destinar recursos a sectores específicos. Asobancaria advierte que si se añadiera una inversión forzosa del orden de 35 billones de pesos, similar a la existente, el resultado sería directo y negativo para cualquier ciudadano que necesite un crédito: las tasas de interés subirían 49 puntos básicos (es decir, casi medio punto porcentual), la cartera crediticia se reduciría 0,9 puntos porcentuales, y el PIB caería 0,3 puntos porcentuales. En otras palabras: menos dinero disponible para que los colombianos accedan a crédito, y lo que consigan será más caro.

César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, apunta a otro perdedor: los ahorradores. Obligar a los bancos a destinar recursos a inversiones específicas afecta la rentabilidad de los depósitos que millones de colombianos tienen guardados. Los bancos administran los ahorros de cerca de 38 millones de personas, así que cualquier distorsión en la asignación de recursos tiene consecuencias sistémicas. Incluso la calificadora de riesgo Fitch ha advertido que requisitos obligatorios de colocación podrían comprometer la gestión del riesgo y acelerar el deterioro de la cartera.

Expertos y exfuncionarios proponen alternativas menos traumáticas. Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, señala que si la necesidad real es de 8 billones pero el impuesto recauda 13,8 billones, eso excedería lo que permite la Constitución en estados de emergencia. Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario, recuerda que el presupuesto del año pasado se ejecutó solo al 83 por ciento, dejando alrededor de 86 billones disponibles mediante traslados y ajustes presupuestales. También se menciona la posibilidad de garantías del Gobierno, subsidios focalizados a las tasas de interés, líneas de redescuento, regalías sin ejecutar, o incluso recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales.

El argumento central es simple: la solidaridad con los damnificados no debería traducirse en menos inversión privada, crédito más caro, y más incertidumbre económica. En un país donde la inversión ya viene debilitada, cada punto adicional de incertidumbre puede costar más que cualquier cifra en el presupuesto.