Cuatro años después de su lanzamiento, la cédula digital colombiana sigue siendo una herramienta incompleta. Aunque la Registraduría Nacional la presentó como una solución moderna para la identificación ciudadana, integrando verificación biométrica y firma electrónica, la realidad en el terreno es que muchas instituciones todavía exigen que los ciudadanos presenten el documento físico para realizar trámites fundamentales.

El sector notarial es uno de los casos más críticos. Cualquier procedimiento que requiera documentos públicos como escrituras, cambios de estado civil o testamentos sigue siendo competencia de la cédula amarilla con hologramas. Las notarías argumentan que estos trámites demandan validaciones presenciales específicas que la versión digital aún no satisface completamente, a pesar de que tecnológicamente pueda autenticar identidades desde un celular.

En el sistema bancario ocurre algo similar. Aunque los bancos modernos cuentan con plataformas digitales avanzadas, muchas entidades financieras continúan solicitando el documento físico para operaciones sensibles como créditos, préstamos o apertura de productos. La paradoja es que la cédula digital fue diseñada precisamente para incrementar seguridad y reducir riesgos de fraude mediante herramientas tecnológicas.

Los viajes internacionales presentan un panorama mixto. Dentro de acuerdos regionales sudamericanos, los ciudadanos pueden circular solo con cédula digital hacia países como Argentina, Brasil, Chile y Perú. Pero fuera de esa zona, las autoridades migratorias mantienen como obligatorio portar el documento físico junto con pasaporte.

Hay una luz al final del túnel para los usuarios. La Registraduría confirmó que la cédula digital sí funcionará en las votaciones del 31 de mayo, permitiendo que los ciudadanos se identifiquen mediante la aplicación oficial durante la jornada electoral. Además, desde 2023 el documento incorporó una carpeta virtual para recibir comunicaciones oficiales y realizar trámites administrativos sin salir de casa.

Para obtenerla, los ciudadanos pueden acudir a sedes de la Registraduría o consulados. El primer documento no tiene costo, pero los duplicados o la transición desde cédula amarilla requieren un pago cercano a los 76.100 pesos. El desafío ahora está en que las instituciones públicas y privadas aceleren su adaptación tecnológica para que la cédula digital deje de ser una herramienta de transición y se convierta en un reemplazo real.