El sistema pensional colombiano vuelve a enfrentar una batalla legal que deja en suspenso uno de los movimientos financieros más ambiciosos del Gobierno. El Consejo de Estado frenó parcialmente el Decreto 415 de 2026, que pretendía trasladar decenas de billones de pesos desde las AFP privadas hacia Colpensiones. Lo que iba a ser una transferencia de $25 billones quedó reducido a apenas $5 billones, al menos por ahora.

El conflicto es más complejo de lo que parece a primera vista. El decreto ordenaba a los fondos privados entregar inmediatamente a Colpensiones los ahorros de trabajadores que ya cambiaron de régimen pensional pero que aún no cumplen la edad ni las semanas de cotización para jubilarse. Los demandantes argumentan que ese dinero debería permanecer invertido en las AFP hasta que esas personas tengan derecho a recibir pensión, generando rentabilidad en el camino. El magistrado ponente analiza si frenar esta medida para evitar un traslado patrimonial masivo que podría resultar irreversible bajo reglas legales cuestionadas.

La cifra que está en el limbo es precisamente esa: $20 billones corresponden a cotizantes que aún no cumplen criterios para pensionarse. Solo $5 billones pertenecen a 20.000 personas que ya se trasladaron y están recibiendo pensiones. Andrés Velasco, presidente de Asofondos (la asociación que agrupa los fondos privados), explicó la división así: "Hay una población que está cotizando, que todavía no cumple con criterios pensionales de esa que se trasladó, y los recursos de esa población corresponden a $20 billones. Y hay otra población, que es la población que ya se trasladó, que son 20.000 personas y que están recibiendo pensiones, que los recursos de ellos corresponden a $5 billones".

Los demandantes cuestionan si el Gobierno actuó dentro de sus límites legales. Argumentan que el Ejecutivo intentó reescribir las leyes de pensiones en lugar de solo reglamentarlas, lo que constituiría un exceso de poder. También advierten que el decreto busca asegurar flujos de dinero antes de que la Corte Constitucional falle definitivamente sobre la ley de reforma pensional.

Lo que más preocupa a los analistas es el efecto dominó en los mercados financieros. Cuando Colpensiones reciba esos títulos de deuda (conocidos como TES), tendrá que venderlos para pagar las pensiones. Un análisis técnico de Asofondos advierte que una venta de $27 billones en poco tiempo generaría presión masiva sobre los precios: más vendedores que compradores, lo que haría caer el valor de estos títulos. Cuando cae el precio de un bono, las tasas de interés suben. Un aumento de hasta 158 puntos básicos (1,58 por ciento) en las tasas podría desvalorizar los TES que quedan en poder de los ahorradores en unos $25 a $30 billones adicionales. Es decir: quien tenga ahorros en pensiones vería reducido su patrimonio sin haber hecho nada mal.

El Capítulo 6 del decreto tiene más probabilidades de sobrevivir porque regula el traslado de capital de quienes ya consolidaron su derecho a jubilación. En esos casos, la lógica es más clara: si Colpensiones debe comenzar a pagar pensiones mañana, necesita el dinero hoy. Pero el caso de los futuros pensionados es distinto, y ahí la justicia sigue deliberando mientras miles de trabajadores esperan saber dónde irán sus ahorros.