Juez frena intento de la defensa de Quintero por trasladar responsabilidades a Gutiérrez en caso Aguas Vivas
La juez encargada del caso de corrupción conocido como Aguas Vivas rechazó una estrategia de la defensa que buscaba desviar responsabilidades hacia la actual administración distrital liderada por Federico Gutiérrez. El juzgado fue claro en señalar que el alcalde no tiene vinculación legal en la investigación y que las audiencias preliminares no son el escenario para definir culpabilidades. La decisión protege los derechos de las víctimas y mantiene el proceso en marcha hacia el juicio oral.
En las más recientes audiencias del escándalo de corrupción conocido como caso Aguas Vivas, la juez encargada le propinó un revés contundente a la estrategia de la defensa vinculada a la administración del exalcalde Daniel Quintero. La togada rechazó de manera categórica lo que consideró una maniobra dilatoria diseñada para desviar la atención de los hechos investigados hacia la actual alcaldía de Medellín.
Durante su intervención, la juez fue tajante: Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín, no tiene ninguna vinculación legal en esta investigación penal. La funcionaria advirtió a los abogados defensores que las audiencias preliminares no son el momento procesal para atribuir responsabilidades. Como señaló la magistrada, "este no es el escenario para definir la responsabilidad penal de los ciudadanos procesados, sino ese juicio oral, donde las partes podrán probar, con pruebas debidamente practicadas con los principios de inmediación y contradicción, los hechos que son alegados".
El pronunciamiento fue especialmente claro respecto a los intentos de trasladar culpas hacia la administración actual. La juez aclaró que "tampoco es el escenario para atribuir responsabilidad penal al actual alcalde de Medellín, dado que Federico Gutiérrez no se encuentra siendo investigado en esta causa penal". Añadió que si la defensa pretende demostrar alguna vinculación con Gutiérrez o su administración, deberá hacerlo en los escenarios legales correspondientes con los mecanismos que establece la ley.
La magistrada también rechazó la petición de la defensa argumentando que aceptar afirmaciones sin sustento probatorio violaría las garantías procesales. Según su criterio, acceder a esa estrategia dilatoria estaría "limitando la participación de la postulada víctima en el proceso penal y sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación".
Con esta decisión, el caso continúa su avance hacia la etapa de juicio oral, donde los verdaderos procesados deberán responder por los hechos presuntamente relacionados con el entramado de corrupción en cuestión.
Fuente original: Minuto30
