La realidad para las personas LGBTIQ+ en Colombia sigue siendo brutal. Durante 2025, cada 32 horas fue asesinada una persona de esta comunidad en el país, según el informe "Un sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+", presentado por Caribe Afirmativo. Estas no son cifras de casos aislados, sino de una problemática estructural donde la discriminación, las amenazas, la violencia sexual y la impunidad se entrelazan de manera sistemática.

Lo que el informe documenta es preocupante en varios frentes. Más de mil personas fueron amenazadas durante el año pasado, lo que convierte a las intimidaciones en una de las formas de violencia más frecuentes. Según la investigación, estas amenazas funcionan como mecanismos de control territorial y silenciamiento en regiones donde operan grupos armados y economías ilegales. Aún más grave: muchas de las personas asesinadas ya habían denunciado amenazas previas, lo que evidencia fallas profundas en los sistemas de prevención y protección del Estado.

La violencia intrafamiliar es el tipo de agresión más recurrente, con 1.531 casos registrados. A esto se suman 628 hechos de violencia sexual que afectaron especialmente a mujeres lesbianas y bisexuales. Pero la violencia no solo ocurre en espacios físicos. El informe también identificó un aumento alarmante en la violencia digital: exposición de datos personales, suplantación de identidad, hostigamientos y difusión no consentida de contenido íntimo. Estas agresiones virtuales terminan generando consecuencias reales como desplazamientos forzados, afectaciones psicológicas, pérdida de empleo y exclusión de la vida pública.

Geográficamente, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran la mayoría de los casos, aunque la violencia se está expandiendo hacia zonas con presencia débil del Estado y corredores controlados por economías ilegales. En esos territorios, las personas LGBTIQ+ sufren regulaciones violentas y persecuciones vinculadas al conflicto armado.

Lo que Caribe Afirmativo denuncia es la respuesta insuficiente de las instituciones. Hay subregistro de agresiones, ausencia de variables relacionadas con orientación sexual e identidad de género en los sistemas oficiales, y fragmentación en la recopilación de información. Varias entidades públicas ni siquiera entregaron datos completos cuando les solicitaron información para el estudio. El informe hace un llamado urgente al Estado para fortalecer mecanismos de prevención, mejorar los sistemas de información e implementar investigaciones con enfoque diferencial que permitan combatir la violencia y la impunidad contra esta población.