La situación en Jerusalén Oriental se deteriora aceleradamente. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en los territorios palestinos ocupados advirtió que los desalojos de población palestina se multiplican mientras Israel intensifica la expansión de asentamientos e infraestructura que fragmentan la continuidad territorial en Cisjordania. El panorama es especialmente grave alrededor de la Ciudad Vieja y la zona conocida como E1.

El barrio de Silwan, ubicado al sur de la Ciudad Vieja, es el epicentro de esta crisis. Las demoliciones y expulsiones se han multiplicado en meses recientes. El Tribunal Supremo israelí rechazó reclamaciones de residentes palestinos del barrio de Batn al Hawa a favor de la organización de colonos Ateret Cohanim, cerrando prácticamente todas las opciones legales para las familias afectadas. La semana pasada, las autoridades israelíes entregaron órdenes finales de desalojo a 32 viviendas adicionales, principalmente de la familia Rajabi. Si se ejecutan, unas 250 personas serían expulsadas inmediatamente. En total, alrededor de 700 residentes palestinos en Silwan enfrentan amenaza de desalojo.

La desesperación es palpable entre los afectados. Zuhair Rajabi, líder comunitario que habla por más de 80 hogares amenazados, expresó: "Ya no hay esperanza. Antes, a veces los tribunales fallaban a nuestro favor. Ahora no hay ninguna posibilidad". Para las familias como la de Nasser Rajabi, expulsado en diciembre de 2025, el dilema es angustioso. Nasser explicó a la ONU que se vio obligado a pagar alquiler elevado en otra zona de Jerusalén Oriental porque "si me voy fuera del Muro, perderé mi identificación de Jerusalén, mi seguro médico y mi acceso a la ciudad". Las viviendas vacías típicamente pasan a colonos israelíes o se destinan a proyectos turísticos y de asentamiento, incluyendo un parque y teleférico que conectaría Jerusalén Occidental con la Ciudad Vieja.

El impacto territorial es sistemático. En diciembre pasado, Israel publicó licitaciones para construir 3.401 nuevas unidades de asentamiento en la zona E1, ubicada estratégicamente entre Jerusalén Oriental, Ramala y Belén. Posteriormente, en enero, anunció la construcción de una carretera que desviará el tráfico palestino mientras reserva una ruta exclusivamente para vehículos israelíes. La ONU Derechos Humanos alertó que estas medidas conjuntas tendrían impacto devastador: bloquearían acceso palestino a E1, romperían la continuidad norte-sur de Cisjordania, profundizarían la segregación y forzarían el desplazamiento de 18 comunidades palestinas.

La Corte Internacional de Justicia ya había determinado en julio de 2024 que estas políticas violan la prohibición de traslado forzoso de la Cuarta Convención de Ginebra. Ajith Sunghay, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en territorios palestinos ocupados, enfatizó: "Estamos viendo números sin precedentes de desplazamiento forzado y expansión de asentamientos, que socavan el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación". Esta situación refleja un conflicto que continúa generando consecuencias humanitarias profundas para poblaciones civiles en Medio Oriente, un recordatorio de cómo los territorios disputados alimentan ciclos de expulsión y fragmentación territorial.