Diez años después de firmarse el acuerdo de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz tomó una decisión que cierra un capítulo importante del proceso transicional en Colombia. El tribunal condenó a siete integrantes del último Secretariado de las Farc por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, confirmando la responsabilidad penal de antiguos comandantes como Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y Julián Gallo, entre otros, por la política sistemática de secuestro ejecutada entre 1982 y 2016.

La magnitud de lo que se juzgó es considerable. La JEP determinó que estos siete líderes son máximos responsables de más de 21.000 hechos criminales de secuestro. Según el tribunal, estas acciones fueron cometidas sistemáticamente para financiar la guerra, negociar intercambios de prisioneros y mantener control sobre las poblaciones en territorios donde operaba la guerrilla. Los delitos ocurrieron en condiciones de cautiverio que incluyeron tortura, violencia sexual y una humillación extrema que violentó completamente la dignidad de las personas secuestradas.

A diferencia de sentencias anteriores, esta decisión enfatiza que la condena debe ser efectiva e individualizada. Los siete condenados no irán a una cárcel común, sino que cumplirán una "sanción propia" durante 5 a 8 años mediante trabajos restaurativos obligatorios combinados con restricciones reales de libertad, residencia y horarios fijos de trabajo. Esta modalidad surgió en respuesta a reclamaciones de las víctimas que querían ver obras concretas que repararan el daño sufrido.

Los condenados son Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda. Fueron hallados responsables por toma de rehenes, privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada. Cinco de los siete también enfrentan condenas por no evitar crímenes de violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado cometidos por sus tropas. Todos son veteranos del conflicto con militancias entre 34 y 43 años dentro de la organización.

La ejecución de las penas se llevará a cabo a través de seis líneas de acción directamente propuestas por las víctimas. Incluyen construcción de infraestructura vial en ocho departamentos, preservación ambiental en cuatro regiones, desminado humanitario en tres departamentos, búsqueda de desaparecidos, actividades de memoria histórica "para dignificar a las víctimas" con "relatos dignificantes en lugares emblemáticos, incluyendo Cali y Neiva, para visibilizar impactos diferenciados y promover la memoria histórica sobre el secuestro", según la JEP, y proyectos de desarrollo económico.

El cronograma se extiende desde el 15 de agosto de 2026 hasta febrero de 2034, distribuido en siete fases en diferentes regiones del país: Bogotá, Antioquia, Caquetá y Meta, Bolívar y Cesar, Huila, Putumayo y Nariño, Santander, y Casanare, Vaupés y Sumapaz. Para garantizar el cumplimiento efectivo, un juez de ejecución de penas monitoreará por separado tanto las obras como las restricciones de libertad y horarios. Los condenados deben estar dedicados de forma "cierta y efectiva" a los trabajos restaurativos durante toda su condena, con resultados verificables.

El Gobierno tiene la obligación legal de financiar estos proyectos y garantizar la seguridad operativa en los territorios donde trabajarán los condenados. La JEP advierte que "el Estado podría incurrir en responsabilidad internacional por impunidad" si no cumple esta responsabilidad. Con esto, el tribunal busca que la sanción no sea meramente simbólica, sino que genere un impacto real en la reparación de las comunidades afectadas por más de tres décadas de guerra.