Lo que comenzó como una misión humanitaria terminó en una operación militar en aguas internacionales. Israel interceptó la pasada semana la Flotilla Global Sumud, un convoy de barcos que transportaba activistas y ayuda rumbo a Gaza. De los aproximadamente 175 activistas a bordo, dos fueron llevados a suelo israelí para enfrentar cargos judiciales. Sus casos han encendido las alarmas en la comunidad internacional sobre el alcance de las acciones militares israelíes.

Los detenidos son Saif Abu Keshek, un hombre de nacionalidad española con raíces palestinas nacido en Nablus, y Thiago Ávila, un socioambientalista brasileño. Abu Keshek lleva dos décadas viviendo en España y fue uno de los fundadores del Global Movement to Gaza, la organización que coordina estas iniciativas. También participa activamente en movimientos sindicales y sociales en el país europeo. Ávila, por su parte, ha dedicado más de 20 años a defender los derechos de la población palestina y formaba parte del comité directivo de la Coalición Flotilla de la Libertad.

Según denuncias de organizaciones de derechos humanos como Adalah, una entidad israelí de defensa legal, ambos activistas fueron presuntamente golpeados repetidamente durante su detención en Ashkelon. Reported que los hombres están en huelga de hambre tras recibir lo que describen como "un trato que constituye una grave violación del derecho internacional", incluyendo aislamiento prolongado, vendaje de ojos y palizas físicas. La Global Sumud también ha reportado testimonios de otros participantes que sufrieron fracturas de nariz, costillas rotas y disparos durante la interceptación.

Las autoridades israelíes acusan a los detenidos de ayudar al enemigo en tiempo de guerra, contacto con agentes extranjeros y supuestos vínculos con organizaciones terroristas. Sin embargo, Hadeel Abu Salih, abogada de los hombres, ha rechazado categóricamente estos cargos. Asegura que sus clientes niegan las acusaciones y que la detención fue ilegal por falta de jurisdicción, ya que la interceptación ocurrió en aguas internacionales. La abogada también denunció que fueron trasladados a Israel esposados y con los ojos vendados.

La reacción internacional ha sido dividida. España y Brasil emitieron un comunicado conjunto calificando la acción como "un atropello al derecho internacional" y exigieron la liberación inmediata de sus ciudadanos. Italia y Alemania expresaron "profunda preocupación" por la interceptación. En contraste, el Departamento de Estado estadounidense respaldó las medidas israelíes y amenazó con "imponer consecuencias" contra quienes apoyen a la flotilla, a la que calificó de pro-Hamás.

La organización de la flotilla ha hecho un llamado urgente a los gobiernos de España y Brasil para "actuar de inmediato", luego de que un tribunal israelí prorrogara la detención de los dos activistas. El colectivo insiste en que sus participantes actuaban únicamente por ayuda humanitaria, no por apoyo a grupos militantes, y ha pedido investigaciones públicas independientes sobre los hechos e imposición de sanciones contra Israel por lo que considera violaciones continuas del derecho internacional.