Israel acaba de cruzar una línea que pocos esperaban. El parlamento del país votó este lunes 30 de marzo para aprobar una ley que establece la pena de muerte como castigo automático para palestinos condenados por matar a israelíes. La medida representa un endurecimiento más de las políticas contra los palestinos y corona años de presión de sectores ultraderechistas, con el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir como su principal impulsor. Ben-Gvir celebró el resultado declarando que "Con la ayuda de Dios, implementaremos plenamente esta ley y mataremos a nuestros enemigos", y aseguró que se trata de la norma "más importante" aprobada por el Parlamento israelí en años recientes.

Lo que hace esta ley particularmente controvertida es su estructura discriminatoria. Los palestinos en Cisjordania ocupada serán juzgados en tribunales militares donde la pena de muerte es obligatoria si son condenados por asesinatos considerados "terroristas". En cambio, los ciudadanos israelíes, incluidos colonos judíos involucrados en actos violentos contra palestinos, son procesados en tribunales civiles donde la pena de muerte no sería automática y solo se aplicaría bajo condiciones mucho más restrictivas, como demostrar que el crimen buscaba negar la existencia del Estado de Israel. El investigador Amichai Cohen del Instituto Israelí para la Democracia explicó esta asimetría: "Se aplicará en los territorios con tribunales militares, que son tribunales palestinos. Se aplicará en los tribunales israelíes, pero solo a actividades terroristas motivadas por el deseo de socavar la existencia de Israel. Esto significa que los judíos no serán procesados bajo esta ley".

La ley también fija que las ejecuciones se realicen por ahorcamiento en un plazo máximo de 90 días después de la sentencia, sin mecanismos claros de clemencia o indulto. Esto representa un giro drástico para Israel, que abolió la pena de muerte para delitos comunes en 1954 y solo ha ejecutado a una persona desde entonces: Adolf Eichmann en 1962.

El rechazo internacional ha sido inmediato. Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia expresaron su preocupación conjunta advirtiendo que la ley tendría carácter "de facto discriminatorio" y podría poner en riesgo los principios democráticos israelíes. Expertos de Naciones Unidas alertaron sobre definiciones "vagas y excesivamente amplias" del término terrorismo, que podrían permitir aplicar la pena capital a conductas que no constituyen realmente actos terroristas. Amnistía Internacional señaló además que no existe evidencia de que la pena de muerte sea más disuasiva que la cadena perpetua.

Incluso dentro de Israel hay preocupación. Profesionales del ámbito jurídico y de inteligencia advierten que la medida podría aumentar la violencia y complicar futuras negociaciones sobre intercambio de prisioneros. El Comité Público contra la Tortura en Israel recordó que el país ha respaldado históricamente la abolición de la pena de muerte en foros internacionales, por lo que esta ley lo situaría en contradicción con su posición diplomática anterior. Grupos de derechos humanos israelíes han advertido que la ley será impugnada ante el Tribunal Supremo.