Un año después del histórico apagón del 25 de febrero de 2025 que dejó sin energía a 19 millones de personas durante casi ocho horas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile finalizó su investigación y comunicó un paquete de sanciones significativas contra las empresas responsables de la transmisión eléctrica. El regulador concluyó que el incidente se originó en las instalaciones de ISA Interchile, la filial chilena del grupo ISA con raíces en Colombia, lo que la convierte en el blanco principal de las medidas disciplinarias.

ISA Interchile debe pagar una multa de 14,4 millones de dólares por dos responsabilidades específicas: ser el punto de origen del megaapagón y haber intervenido sus instalaciones sin coordinar adecuadamente con el Coordinador Eléctrico Nacional, el organismo encargado de operar el sistema. Pero la empresa no fue la única sancionada. Transelec, uno de los mayores operadores del sector, recibió una multa de 6,4 millones de dólares por no mantener en condiciones óptimas las instalaciones del sistema SCADA, fundamental para monitorear y controlar la red eléctrica. Alfa Transmisora de Energía, a su vez, fue multada con 4 millones de dólares por su responsabilidad en el evento.

En conjunto, estas tres sanciones superan los 24 millones de dólares, configurando uno de los castigos regulatorios más severos que ha enfrentado el sector energético chileno en su historia. Lo inusual del caso es que la reguladora no se limitó a castigar a las empresas. También sancionó a los cinco consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional con 24 mil dólares cada uno, pagaderos de su propio patrimonio, un precedente que marca un giro importante hacia la responsabilidad personal en la administración del sistema.

El apagón del año anterior puso en relieve las fragilidades de la infraestructura eléctrica chilena y generó un debate intenso sobre la coordinación entre operadores y la calidad del mantenimiento preventivo. Con estas multas, la autoridad busca enviar una señal clara: el sistema de transmisión debe funcionar bajo protocolos estrictos de coordinación y con mantenimiento adecuado para evitar que una crisis de esta magnitud se repita. Las empresas tienen la posibilidad de presentar recursos contra las decisiones del regulador, mientras que en Chile continúa la discusión pública sobre cómo fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico.