Después de años sin poder pisar territorio gazatí, investigadores de la ONU ven una puerta que se abre. Con el nuevo plan de paz que Estados Unidos está impulsando para terminar la guerra en Gaza, la Comisión de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados e Israel espera finalmente poder acceder a la zona para recopilar pruebas sobre lo que ha ocurrido allí.

El juez indio Srinivasan Muralidhar, quien recientemente asumió la presidencia de la Comisión, fue directo al analizar el acuerdo. "No encontramos nada allí que pueda obstaculizar el trabajo de esta Comisión", afirmó en conferencia de prensa en Ginebra. Muralidhar ha enviado cartas solicitando cooperación tanto a autoridades israelíes como palestinas, algo que considera esencial para que su equipo pueda cumplir su misión.

El problema es que desde que la Comisión fue creada en 2021, Israel se ha negado sistemáticamente a colaborar con la investigación. Eso significa que los inspectores de la ONU nunca han podido visitar Gaza ni los territorios ocupados en Cisjordania. "Esperamos que cambie si todos los encargados de implementar este plan de paz ven el mérito de lo que hacemos", expresó Muralidhar con cautela. La esperanza es que con las nuevas dinámicas del proceso de paz, las autoridades en ambos territorios reconozcan que cooperar con la investigación beneficia a palestinos e israelíes por igual.

La Comisión ha sido protagonista de conclusiones polémicas. Bajo la presidencia anterior de la jueza sudafricana Navi Pillay, concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza. El nuevo presidente respalda ese trabajo, aunque aclaró que el equipo investiga y llega a conclusiones, pero no es una instancia judicial. Preocupa también en la Comisión la seguridad de periodistas: este miércoles murieron tres fotoperiodistas en Gaza en ataques, lo que la jueza zambiana Florence Mumba interpretó como señal de que "tiene algo que ocultar" quien ataca a la prensa.

En paralelo, surge otra batalla importante. El comisario australiano Chris Sidoti advirtió sobre los ataques israelíes a la UNRWA, la agencia de la ONU que lleva casi 70 años proporcionando servicios a palestinos. Si Israel desmantelase la UNRWA, explicó, tendría que asumir directamente todas esas responsabilidades: educación, salud, hospitales, empleos y ayudas sociales. "Esto supondrá un coste de miles de millones para los contribuyentes israelíes", señaló. Para Sidoti, debilitar la UNRWA afectaría derechos humanos fundamentales, algo que el Gobierno de Israel debería considerar cuidadosamente antes de seguir adelante.