Quienes poseen una vivienda vacía en un edificio o conjunto cerrado en Colombia enfrentan una realidad que suele causar inconformidad: deben seguir pagando la administración aunque nadie viva en el lugar. La Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en el país, es clara en este aspecto: la obligación de contribuir nace por ser propietario, no por habitar el inmueble.

La lógica detrás de esta norma responde a un principio fundamental de la copropiedad. Todos los dueños, sin excepción, participan en el sostenimiento de los bienes comunes del conjunto: ascensores, escaleras, zonas verdes, pasillos, sistemas de seguridad e infraestructura general. El hecho de que alguien no use estas instalaciones no las elimina ni reduce su costo de mantenimiento. Los ascensores siguen requiriendo servicio técnico, las zonas comunes necesitan limpieza y vigilancia, y todo eso tiene un precio que debe ser repartido entre todos los propietarios.

Es común que dueños de inmuebles desocupados consideren injusto pagar por servicios que no utilizan. Sin embargo, la ley entiende que el beneficio de contar con bienes comunes en buen estado beneficia a todos, incluso a quienes viven fuera del país o tienen la propiedad como inversión. Esto busca evitar que algunos se beneficien de la conservación del conjunto sin aportar al costo.

La Asamblea General de Propietarios tiene autoridad para aprobar los presupuestos y definir cuánto debe contribuir cada unidad. Estas decisiones son vinculantes para todos, incluyendo quienes no asisten a las reuniones o tienen inmuebles desocupados. El propósito es garantizar que existan recursos suficientes para mantener la estabilidad financiera del conjunto.

Incumplir con el pago de administración puede traer consecuencias. La administración tiene facultades para recaudar las deudas pendientes, y estas obligaciones no desaparecen cuando el inmueble cambia de dueño. De hecho, la ley contempla mecanismos como el paz y salvo de administración precisamente porque estas deudas forman parte de la vida económica de la propiedad horizontal y pueden afectar futuras transacciones.