El Instituto Colombiano Agropecuario encendió las alarmas sanitarias en el Urabá antioqueño. La entidad identificó un alto riesgo de presencia de influenza aviar en las zonas donde criadores locales mantienen aves de traspatio, actividad común en la región que genera ingresos complementarios para muchas familias.

La geografía del Urabá juega en contra de los productores. Los humedales abundan en la zona, atrayendo aves migratorias que pueden portar virus. A eso se suma una alta concentración de criaderos y un factor particular: el constante movimiento de gallos de pelea entre municipios. Esa combinación ha elevado la vulnerabilidad sanitaria de manera considerable.

Ante este panorama, el ICA intensificó su presencia en municipios como Carepa y San Pedro de Urabá. Más de 52 usuarios avícolas participaron en jornadas donde aprendieron sobre riesgos específicos de la producción de aves y medidas prácticas de prevención. El mensaje fue claro: fortalecer el conocimiento local es fundamental para evitar que la enfermedad se propague desde los traspatios hacia operaciones más grandes.

El ICA también dirigió sus esfuerzos hacia operaciones de mayor escala. La empresa Avícola El Darién, que maneja dos granjas en la zona con una población de 130.000 aves, fue priorizada para un proceso de certificación como granja libre de Salmonelosis Tíficas. Eso forma parte de la estrategia más amplia de bioseguridad que busca crear barreras contra enfermedades.

Lo que refuerza la urgencia de estas acciones es el antecedente. En 2022, Colombia registró su primer foco de influenza aviar precisamente en el Urabá chocoano, una zona cercana. Eso convirtió al Urabá antioqueño en un área de vigilancia prioritaria. El ICA, acompañado por administraciones municipales y Fenavi (la federación de productores avícolas), decidió que la tenencia responsable de aves no puede ser un tema de buenos deseos: tiene que estar respaldado por conocimiento y control permanente.