Un virus nunca antes detectado en Colombia ha encendido las alarmas sanitarias en el sector acuícola del sur del país. El Instituto Colombiano Agropecuario confirmó la presencia de Septicemia Hemorrágica Viral, conocida como SHV, en los cultivos de trucha arco iris de la laguna de La Cocha en Nariño. La situación fue lo suficientemente grave para que el ICA decretara cuarentena oficial el pasado 21 de febrero, una medida drástica pero necesaria para frenar la propagación de un agente patógeno catalogado como exótico y que obliga a reportar a la Organización Mundial de Sanidad Animal.

La laguna de La Cocha no es cualquier escenario de producción. Es uno de los principales centros de cultivo de trucha en la región y representa el medio de vida de miles de familias. El impacto potencial va más allá de los peces: afecta empleos rurales, sistemas de transporte, comercialización y todas las cadenas económicas que se tejen alrededor de esta actividad. El agente patógeno tiene una capacidad letal alta, lo que amplifica la preocupación.

Lo que más inquieta a los analistas del sector es el riesgo para la reputación sanitaria nacional. Colombia se ha posicionado como el segundo exportador mundial de trucha y tilapia hacia Estados Unidos, un logro que depende casi totalmente de mantener un estatus sanitario intachable. Este brote pone en juego ese activo estratégico y podría afectar el acceso a mercados internacionales que son cruciales para la viabilidad económica del subsector.

Las investigaciones del ICA sugieren que el virus llegó a través de material genético de contrabando o procedencia desconocida que logró burlar los controles de bioseguridad establecidos. Es un recordatorio incómodo de cómo el comercio ilegal de animales y sus productos puede deshacer años de trabajo en protección sanitaria.

Sin embargo, el Instituto trató de desactivar el pánico económico con un mensaje claro: "La SHV no afecta la salud humana y el consumo de trucha sigue siendo seguro". La comercialización en territorio nacional continúa permitida. Según el ICA, el riesgo se circunscribe únicamente a la sanidad animal y la competitividad del sector, no a la salud de los consumidores. La batalla ahora es contener el daño en la producción acuícola mientras se busca proteger el desarrollo económico regional.