Ibagué prohíbe celulares en colegios públicos para menores de 14 años: así funcionará la medida

El Concejo Municipal de Ibagué aprobó una restricción del uso de celulares y tabletas en instituciones educativas públicas para estudiantes menores de 14 años. La medida busca reducir el ciberacoso y fortalecer el desarrollo cognitivo durante las clases. Habrá excepciones para fines pedagógicos, emergencias médicas y familiares, y los colegios tienen un año para actualizar sus manuales de convivencia.
Ibagué se convierte en una de las primeras capitales del país en formalizar una restricción municipal sobre el uso de dispositivos móviles en colegios. El Concejo Municipal ratificó en segundo debate un acuerdo que limita el acceso a celulares y tabletas dentro de las instituciones educativas públicas, enfocándose principalmente en la población escolar menor de 14 años. La iniciativa entrará en vigor una vez se complete su reglamentación correspondiente.
La decisión responde a preocupaciones crecientes sobre el bienestar integral de los menores y la necesidad de priorizar el aprendizaje sobre la distracción digital. Según explicó el concejal Arturo Castillo, promotor del proyecto, el acuerdo se ampara en la Ley 1098 y la Ley 2170, normas que facultan la regulación de herramientas tecnológicas en beneficio de los menores. El objetivo principal es salvaguardar la salud mental de los estudiantes, potenciar su desarrollo cognitivo y mejorar la convivencia en las aulas ibaguereñas.
Aunque la restricción será general, el acuerdo contempla excepciones flexibles para casos específicos. Como señaló Castillo, "el acuerdo plantea excepciones para el uso de estos con fines pedagógicos, cuando los docentes lo requieran, salud y discapacidad, también en emergencias familiares". Fuera de estas situaciones puntuales, los colegios públicos deberán implementar mecanismos de resguardo físico para los equipos durante la jornada escolar.
La Secretaría de Educación de Ibagué coordinará con directivos y docentes los detalles precisos de la norma, incluyendo cómo se aplicará durante los periodos de descanso. Castillo subrayó que con este respaldo legal, "los docentes tendrán herramientas para hacer cumplir esta medida".
Los establecimientos educativos disponen de un plazo de un año para realizar los ajustes necesarios en sus manuales de convivencia e incorporar la regulación de forma obligatoria. El Concejo también hizo un llamado a los padres de familia para que acompañen este proceso desde el hogar y contribuyan a mejorar la calidad educativa en la capital tolimense.
Fuente original: El Tiempo - Vida