A menos de un año vista, miles de colombianos cotizantes tienen una ventana que se cierra. El 16 de julio de 2026 vence el plazo para que los afiliados al sistema pensional decidan si se quedan donde están o se mueven hacia otro régimen. Es la llamada ventana de traslado, un mecanismo que surgió de la Ley 2381 de 2024, aquella reforma pensional que sigue vigente mientras la Corte Constitucional la examina.

Colpensiones ha aclarado que no es un proceso automático. Quien quiera cambiar de fondo, ya sea migrando desde una administradora privada al régimen público o al revés, debe pasar obligatoriamente por una doble asesoría. En esta evaluación, la entidad entrega datos concretos: cuántas semanas ha cotizado la persona, cómo se ve su historial laboral y qué pensión podría esperar en cada escenario. La idea es que cada afiliado tome la decisión con información clara sobre qué le conviene más según su situación particular.

No todos califican. La reforma estableció criterios específicos. Las mujeres necesitan tener como mínimo 47 años y acreditar 750 semanas de cotización. Los hombres deben tener 52 años o más con 900 semanas aportadas. También pueden acceder quienes ya alcanzaron la edad de pensión, siempre que no tengan una pensión reconocida ni hayan recibido devolución de dineros.

Tras completar la asesoría, el afiliado comunica su decisión a la administradora correspondiente. Luego, la entidad que lo recibirá gestiona los trámites para formalizar el traslado y establecer las condiciones que regirán al momento de la jubilación. El cambio tiene implicaciones grandes: afecta directamente cuánto dinero recibirá la persona en la vejez y bajo qué términos.

Esta posibilidad fue diseñada principalmente para quienes en el pasado no realizaron traslados dentro de los plazos que la ley anterior había fijado, que establecía un límite de 10 años antes de la edad de jubilación. Es una segunda oportunidad con reglas nuevas.

Los especialistas recomiendan que quienes califiquen analicen a conciencia antes de actuar. Las semanas cotizadas, los ingresos históricos y las expectativas reales de pensión son datos que deben revisar con cuidado. Una decisión apresurada o mal informada puede traducirse en una jubilación menos favorable años después.