Un grupo de profesores de la Universidad de Sucre que logró elevar sus salarios a más de 90 millones de pesos mensuales reabrió un debate que ha estado latente durante años en las instituciones públicas de educación superior: cómo se generan estos megasalarios y qué hacer al respecto. El caso salió a la luz durante un paro de profesores en esa universidad, revelando que en apenas dos años, cuatro docentes multiplicaron significativamente sus ingresos. William Niebles pasó de aproximadamente 29 millones a más de 90 millones entre 2023 y 2025; Donicer Montes de 58 a más de 90 millones; Alexander Pérez de cerca de 60 a más de 93 millones; y León Arango Buelvas de poco más de 12 millones en 2021 a más de 61 millones en 2025.

El origen de estos aumentos está en el Decreto 1279 de 2002, que regula cómo se pagan los docentes en universidades públicas. A diferencia de otros sistemas, aquí no existe un salario base fijo: todo depende de un sistema de puntos que se acumulan según formación académica, escalafón (auxiliar, asistente, asociado o titular), experiencia y productividad académica. En 2026, cada punto vale 23.924 pesos. La productividad incluye publicaciones de artículos, libros, producciones artísticas, patentes, software y participación en eventos académicos. En principio, esto buscaba motivar la generación de conocimiento en la universidad.

Sin embargo, la práctica ha mostrado dinámicas cuestionables. Entre 2024 y 2025, solo los cuatro docentes de Sucre reportaron entre 34 y 76 artículos cada uno, un volumen que expertos consideran incompatible con una carga lectiva normal. Según análisis de El Tiempo, académicos coinciden en que publicar entre dos y tres trabajos al mes mientras se imparten clases resulta muy difícil. Esto ha abierto la puerta a prácticas como coautorías cruzadas (donde docentes se incluyen mutuamente en publicaciones), envíos a revistas de baja calidad con procesos de revisión mínimos, plagio y reutilización de textos con diferentes títulos. En 2021, cuatro profesores de la Universidad Francisco de Paula Santander fueron denunciados por concierto para delinquir después de publicar 40 artículos en tres meses en revistas de esta naturaleza.

Ahora, el Gobierno busca frenar estos aumentos mediante un nuevo decreto que establece diferentes límites. El borrador conocido por El Tiempo propone que el salario de un profesor no puede superar el del rector de su institución. Además, en universidades nacionales no podría ser superior al salario del presidente de la república, y en universidades departamentales o regionales al del respectivo gobernador o alcalde. También habría límites en la acumulación de puntos según el nivel en el escalafón, y los Consejos Superiores de cada universidad deberían establecer techos anuales de puntos reconocibles por productividad, considerando su capacidad económica. Importante: el decreto aclara que no significaría reducción salarial para docentes actuales, garantizando una transición que respeta derechos adquiridos.

La iniciativa ha generado resistencia considerable. Siete sindicatos firmaron un comunicado conjunto rechazando la medida, argumentando que responde a casos aislados y no reflejan la realidad de la mayoría de profesores. El comunicado plantea que "una reforma inconsulta, sin estudios serios sobre el panorama salarial y prestacional del sistema universitario estatal, no solo carece de legitimidad, sino que además contribuye a la estigmatización del profesorado universitario". Los sindicatos advierten que la mayoría de docentes vive situaciones de precarización laboral, inestabilidad contractual y sobrecarga académica, no de megasalarios.