El Gobierno frenó en seco los acercamientos que venía adelantando con los cabecillas de estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá. La decisión llegó después de que saliera a la luz un escándalo que nadie esperaba: varios de los líderes vinculados al proceso de "paz urbana" organizaron una fiesta dentro de la cárcel de Itagüí, completa con vallenato, licor, comida y artistas invitados.

El hecho causó un fuerte rechazo en diferentes sectores del país. A través de un comunicado, la delegación del Gobierno a cargo de estos diálogos fue clara: esto no cumple con las condiciones ni las garantías que se habían pactado para que el proceso avanzara. Por eso decidieron pausarlo mientras aclaran qué pasó realmente.

Estos acercamientos hacen parte de la estrategia de "paz total" y involucran a decenas de cabecillas recluidos que pretenden someterse a la justicia. Sin embargo, el escándalo de la cárcel ha puesto en duda la credibilidad de todo el proceso y reabierto el debate sobre los privilegios que reciben estos actores criminales mientras están privados de la libertad.

Las consecuencias llegaron rápido. El gerente del centro penitenciario fue separado de su cargo de manera preventiva mientras avanzan las investigaciones internas. Las autoridades quieren establecer si hubo negligencia en los controles, complacencia frente a actividades que nunca debieron ocurrir, u omisiones graves en los protocolos de vigilancia.

El Inpec y otras entidades ya anunciaron que van a investigar lo ocurrido y a aplicar sanciones según sea necesario. Mientras tanto, la presión pública crece para que se revisen a fondo las condiciones bajo las cuales se desarrollan estos diálogos con criminales.