La administración nacional ha montado una apuesta ambiciosa en Boyacá: proteger páramos críticos para el ciclo hídrico del país sin dejar a los campesinos fuera de la ecuación. El Ministerio de Ambiente abrió dos frentes de diálogo simultáneos en la región, uno en el área del Páramo y la Reserva Forestal el Cocuy, y otro en el municipio de Corrales alrededor del Páramo de Pisba, donde la tarea es aún más delicada porque implica delimitar una franja de 173 hectáreas que afectará directamente el uso de tierras privadas.

La ministra de Ambiente encargada en ese momento, Irene Vélez, fue clara sobre el enfoque: cualquier modelo de protección ambiental que intente imponerse desde arriba fracasará. "El crecimiento debe darse en la gobernanza territorial y la participación efectiva de los habitantes locales", subrayó. Este lenguaje responde al Acto Legislativo 001 de 2023, que reconoce formalmente al campesino como sujeto de derechos, un cambio de marco que en teoría debería facilitar la construcción de consensos, pero en la práctica enfrenta desconfianzas profundas.

En Corrales, la realidad es más concreta y más complicada. La personera municipal, Claudia Campos, confirmó que aunque los funcionarios nacionales han explicado en el terreno el alcance del proceso, persiste la inquietud entre propietarios rurales sobre cómo las restricciones de un páramo delimitado impactarán sus actividades productivas y sus derechos sobre la tierra. No es un temor abstracto: significa ganado que no pueden pastar en ciertos lugares, cultivos que quedarían prohibidos, opciones de venta o expansión que se cerrarían.

Pese a ello, hay movimiento. A finales de febrero, el Gobierno logró acuerdos en las veredas Sirguazá de Mongua y Reyes Patria, un avance que muestra que el diálogo directo con comunidades genera resultados. En Corrales específicamente, ya hay consenso sobre lo que los técnicos llaman "la línea de referencia técnica", el primer paso administrativo para destrabar la delimitación oficial. Es poco, pero en un proceso donde históricamente los decretos han llegado sin consulta previa, representa un cambio de método que algunos ven como promisorio y otros como insuficiente.