El pulso entre el Gobierno Petro y la justicia administrativa sobre el salario mínimo sigue abierto. El Consejo de Estado decidió mantener suspendido el decreto que establecía el salario mínimo para 2026 en $1.750.905, pero también confirmó que debe existir una medida transitoria que garantice ingresos a los trabajadores mientras se resuelve la controversia de fondo. La jugada legal es compleja: ni se implementa el decreto original, ni desaparece el aumento que ya está en efecto.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, salió a aclarar que esta decisión no afecta el Decreto 159 de 2026, expedido el 19 de febrero como respuesta a una orden judicial anterior. Según su interpretación, el Gobierno actuó dentro de sus competencias constitucionales al expedir esa medida transitoria, que mantiene vigente el incremento salarial de 23,7 puntos porcentuales. Sanguino rechazó en redes sociales la idea de que el fallo cierre la puerta al aumento, insistiendo en que "el salario vital llegó para quedarse" y que "en Colombia, las conquistas y derechos de las y los trabajadores no tienen reversa".

La discusión de fondo continúa abierta ante el Consejo de Estado, donde probablemente se definirá si el incremento fue legal o no. Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene que los trabajadores siguen recibiendo el aumento bajo la figura transitoria, sin que la suspensión del decreto original implique perder ese incremento. El tribunal rechazó la reposición presentada por quien cuestionó la medida, dejando todo en un limbo administrativo que durará hasta que exista un pronunciamiento definitivo.

Para el ecosistema empresarial colombiano, esta incertidumbre plantea un dilema: las empresas deben pagar los salarios incrementados bajo la medida transitoria, pero no saben si eso será ratificado o revertiéndose en una sentencia futura. El Gobierno mantiene su posición de defender lo que llama la política del "salario vital", pero la batalla legal apenas comienza su fase más determinante.