El Gobierno Nacional decidió jugar su última carta en los tribunales. A través de los ministerios de Trabajo y Hacienda, junto con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, presentó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado para intentar desbloquear 25 billones de pesos que están congelados desde hace semanas. Estos recursos están en los fondos privados de pensiones (AFP) y el Ejecutivo quiere transferirlos a Colpensiones como parte de su reforma pensional.

El problema surgió cuando un juez administrativo frenó en seco el Decreto 415 de 2026, que era el instrumento del Gobierno para acelerar ese traslado de dinero. Más de una docena de demandas, incluyendo reclamos de Asofondos y de fondos como Skandia, Porvenir, Protección y Colfondos, llevaron el decreto ante los tribunales. Ahora la justicia tiene que decidir si el Gobierno tiene derecho a hacer esto.

El conflicto real está en los números. El decreto orden transferir dinero de dos grupos de personas: primero, aquellos que ya se jubilaron y están recibiendo pensiones (son unos 20.000 y sus recursos suman 5 billones). Segundo, personas que cambiaron de régimen a Colpensiones pero todavía no tienen edad para jubilarse (sus ahorros alcanzan 20 billones). Según Andrés Velasco, presidente de Asofondos, "hay una población que está cotizando, que todavía no cumple con criterios pensionales de esa que se trasladó, y los recursos de esa población corresponden a $20 billones".

Aquí está el nudo del problema: los demandantes dicen que ese dinero de los que no se han jubilado debe quedarse en las AFP generando rendimientos hasta que legalmente cumplan la edad y semanas necesarias. Si el Estado se lo toma ahora, explican los abogados, es como un "salto al vacío" que cambia las reglas del juego. Alegan que el Gobierno estaría cometiendo exceso de potestad al reescribir leyes en lugar de solo aplicarlas, y que busca obtener liquidez de emergencia antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la reforma pensional.

El juez ya suspendió parcialmente el decreto y solo dejó los 5 billones de los jubilados listos para transferir, porque en ese caso la lógica es más clara: si Colpensiones tiene que pagar pensiones de inmediato, necesita esos fondos para garantizar los giros mensuales. Pero el Capítulo 5 del decreto, que ordena trasladar los 20 billones de los no jubilados, sigue bajo análisis.

El Gobierno ahora pide que un tribunal superior reconsidere esa decisión y defiende que toda la medida es legal y necesaria para implementar la reforma. Pero el pulso judicial está lejos de terminar, y mientras tanto, ese dinero permanece paralizado en la práctica.