El presidente Gustavo Petro no se echó atrás. A pesar de que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el aumento del salario mínimo y le dio plazo para explicar su decisión, firmó un nuevo decreto con los mismos números: 23 por ciento de aumento, llevando el salario mínimo a dos millones de pesos en 2026 (incluido el auxilio de transporte). "No nos echamos para atrás, firmamos y se entrega al Consejo de Estado, cumpliendo sus órdenes, acatando, poniendo los estudios técnicos, científicos, de la economía clásica en Colombia", dijo desde la Plaza de Bolívar.

Ahora el Gobierno tiene que convencer al tribunal de que el aumento no es caprichoso. El decreto desglosa cinco criterios técnicos. Primero, la inflación de 5,1 por ciento de cierre 2025 y las expectativas de inflación para todo el año en 5,3 por ciento. Segundo, la productividad laboral medida por el Dane, que mostró un crecimiento de 0,91 por ciento. Tercero, la contribución de los salarios a la economía total, calculada en 4,46 puntos porcentuales. Cuarto, el crecimiento del PIB esperado de 2,9 por ciento. Y quinto, el concepto del "salario vital", que según la Organización Internacional del Trabajo debería ser de 2 millones 982 mil pesos mensuales para que una familia de cuatro personas pueda cubrir alimentación, vivienda, salud, educación y servicios esenciales.

El problema está en la matemática. Cuando el Gobierno suma todos estos parámetros técnicos, da como resultado un aumento de 13,6 por ciento, no 23. Para alcanzar el 23 por ciento, el Gobierno agregó un 9,4 por ciento adicional justificado en cerrar la brecha del salario vital. Es decir, reconoce que casi la mitad del aumento no viene de indicadores de inflación o productividad, sino de una decisión política de acercarse a lo que considera un salario digno.

Los abogados consultados advierten que el Consejo de Estado podría no verlo así. Mauricio Montealegre, socio de Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, cree que "es probable que el Consejo de Estado considere que la actuación del gobierno es una reproducción del decreto anterior y, por lo tanto, un incumplimiento del auto por medio del cual lo suspendió". Esto podría llevarlo incluso a imponer sanciones económicas al Gobierno, multas, o abriendo investigaciones disciplinarias por desacato.

Hay otro escenario más drástico. Si el Consejo considera que el Gobierno no está cumpliendo, podría asumir directamente la responsabilidad de fijar el salario mínimo en lugar de dejarla en manos del Ejecutivo. Aunque esto tardará en resolverse. Juan Pablo López, de López & Asociados, recuerda que en 2016 el Consejo se demoró varios meses en fallar un caso similar. Para entonces, el aumento del 23 por ciento ya habría surtido efecto en la economía de 2026, sin que el tribunal haya dicho la última palabra.