El jueves pasado, trabajadores, estudiantes y simpatizantes del Gobierno Nacional salieron a las calles en varias ciudades para respaldar el aumento del salario mínimo que fija un incremento del 23,7%. Pero aquí viene lo peculiar: este ajuste ya fue acordado por la mayoría de actores en la mesa de negociación laboral. Entonces surge la pregunta que flota en el ambiente político: ¿por qué el Presidente Gustavo Petro convocó estas marchas si el aumento ya estaba prácticamente asegurado?

El Presidente fue explícito con la convocatoria: "El jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca el presidente... Para defender el salario vital". Pero según informó el ministro de Trabajo Antonio Sanguino el 16 de febrero, ya existía una "opinión mayoritaria" para mantener ese incremento. Dos de los cinco gremios empresariales apoyaban la cifra, los sindicatos también, y el Gobierno igual. Todo parecía cerrado. El Consejo de Estado fijó plazo hasta el 20 de febrero para que se publicara el decreto transitorio.

Para los empresarios, la respuesta es incómoda pero clara. María Elena Ospina, presidenta de Acopi (la asociación de pequeñas y medianas empresas), lo dijo sin rodeos: "porque están en campaña política". Para ella, los trabajadores no corren un riesgo real. "No creo que el Consejo de Estado tumbe el decreto ni que bajen el salario mínimo, porque reducirlo en este momento sería muy complicado", señaló Ospina. Pero Acopi reclama que faltó justificación técnica: el aumento debería haberse calculado considerando la productividad, la inflación, lo que pueden pagar las empresas, y las diferencias regionales. Cuando los sueldos suben más rápido que la capacidad de pago de una firma, advierte, aumenta el riesgo de que la gente termine trabajando en la informalidad.

Jorge Bedoya, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, fue más directo aún: "Convocan las marchas para «defender» el salario vital, pero tiene más cara de presionar la independencia de la rama judicial y a dos semanas de elecciones, lo usan como una oportunidad de politizar el salario mínimo para que mover el resultado electoral". Bedoya recordó que la economía ya siente presión: la inflación está activa y el Banco de la República subió las tasas de interés al 10,25%. También mencionó que 11,3 millones de colombianos trabajan en la informalidad ganando menos de un salario mínimo.

Del otro lado del debate están los sindicatos y sectores afines al Gobierno, que ven las cosas distinto. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, explicó que la suspensión del Consejo de Estado no es definitiva: es provisional mientras se estudia una demanda que pide anular el decreto. Aunque el aumento sigue vigente por ahora, el tribunal aún puede declararlo nulo. Desde esa lógica, las marchas buscan presionar políticamente para que eso no suceda. "Vamos a defender el salario mínimo vital con la movilización social, además de las medidas jurídicas que podamos interponer", señaló Arias.

Hay un detalle importante: incluso gremios como la Andi y Asobancaria pidieron a sus asociados que mantengan el aumento si el Consejo de Estado llega a anular el decreto definitivamente. Y antes de las marchas, el Gobierno presentó un recurso de súplica para tratar de levantar esa suspensión provisional. La realidad es que el incremento del salario mínimo sigue siendo un campo de batalla judicial y político. El Consejo de Estado tiene la última palabra, y mientras tanto, ambos bandos buscan fortalecer sus posiciones.