El pulso entre el Gobierno y los empresarios por el salario mínimo entra en una nueva fase. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que la administración Petro mantiene en firme el aumento del 23,7% para este año, aunque el Consejo de Estado había frenado temporalmente el decreto original. "Para tranquilidad de los trabajadores y de los empresarios, el presidente de la República ha decidido, y así lo hemos acordado con el ministro de Hacienda, mantener el 23,7%. Ojalá sea el porcentaje que se conserve durante todo el año", expresó el funcionario.

La estrategia es clara: el Gobierno expedirá un decreto transitorio que garantice el mismo aumento mientras avanza la batalla judicial. Esto significa que tu sueldo seguirá aumentando según lo anunciado en diciembre, sin cambios por ahora. El nuevo documento podría estar listo en horas, según informó Sanguino.

Pero hay inconformidad en el Gobierno con la decisión del Consejo de Estado. El ministro cuestionó que nunca antes en la historia colombiana se hubiera suspendido un decreto de salario mínimo de forma tan rápida ni con medidas cautelares (mecanismos legales para frenar temporalmente una decisión mientras se estudia a fondo). "Nunca antes habían decidido en mes y medio. La única vez que el Consejo de Estado revocó un decreto de salario mínimo fue en 2017, dos años después de las demandas", señaló.

El 18 de febrero, el Ejecutivo presentó un recurso de súplica, que es básicamente una apelación pidiendo que el mismo Consejo de Estado revise su propia decisión. El argumento central del Gobierno: no hay pruebas concretas de que el aumento cause un daño económico tan inmediato y grave que justifique congelarlo. En lenguaje legal, argumentan que no existe el tal "periculum in mora" (riesgo de daño inminente). El tribunal reconocería incluso en su propio auto que no hay prueba de un daño específico e irreversible, según el Gobierno.

Mientras tanto, están sobre la mesa 38 demandas de nulidad contra el decreto, presentadas principalmente por sectores empresariales como Fenalco. Estos gremios sostienen que un aumento del 23,7% supera tanto la inflación como la productividad del país, lo que podría disparar el desempleo e informalidad. El Consejo de Estado deberá pronunciarse de fondo sobre este debate económico que divide a patronos y trabajadores.

Por ahora, lo que importa en tu bolsillo: seguirás recibiendo el aumento anunciado. Las empresas están obligadas a pagarlo mientras se resuelve quién tenía la razón en esta disputa que mezcla economía, derecho laboral y política.