El ministro de Salud Guillermo Jaramillo salió al paso de las críticas sobre el financiamiento del sistema de salud colombiano para defender la posición del Gobierno: el problema no es que falte dinero en la prima que pagan las EPS, sino que estas entidades no están gestionando adecuadamente sus obligaciones como aseguradoras.

Durante una rueda de prensa el pasado 20 de abril, Jaramillo fue directo en su diagnóstico. "Tenemos que cambiar las EPS, para que no vuelvan a ser aseguradoras. Eso es lo que les hemos venido proponiendo con la reforma, que no sean aseguradoras, porque no son capaces del aseguramiento", sostuvo. Para el ministro, la UPC (la prima de seguro que reciben las EPS) es suficiente cuando se maneja correctamente.

El funcionario explicó su argumento desde la lógica de cómo funciona un seguro. Si las EPS son aseguradoras y la UPC es su prima, entonces estas entidades tienen la responsabilidad de asumir el riesgo médico, incluso cuando los gastos reales superen lo que reciben en un período determinado. Jaramillo enfatizó que esto es un principio básico del aseguramiento. Además, recordó que en 2020, durante la pandemia, las EPS obtuvieron ganancias significativas porque bajó la demanda de servicios médicos. "¿Por qué las EPS no nos han devuelto plata cuando ellos han ganado?", cuestionó.

El ministro atacó lo que llamó "mala gestión del riesgo" por parte de las aseguradoras. Citó evidencias como coberturas bajas en exámenes preventivos importantes (citología cervical, mamografía, prueba de antígeno prostático), un control deficiente de pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, hospitalizaciones que podrían evitarse, y redes de atención mal organizadas. "Ninguna EPS tiene indicadores adecuados. No hay eficiencia en el uso del dinero", afirmó.

La posición del Gobierno contrasta fuertemente con las alarmas que vienen levantando desde 2022 pacientes, hospitales, universidades, sociedades científicas y hasta la propia Corte Constitucional. En enero de 2025, la Corte Constitucional declaró explícitamente que la UPC es insuficiente y ordenó al Ministerio revisar los cálculos. Colectivos como Pacto por una Mejor Salud advirtieron en diciembre de 2025 sobre interrupciones de tratamientos, restricciones en medicamentos y muertes prevenibles. Solo en 2024 se registraron más de 265.000 tutelas (demandas legales) contra EPS por negación o limitación de servicios.

Jaramillo también cuestionó a los gremios que piden aumentos de la UPC, como Acemi (que representa a las EPS del régimen contributivo). Señaló que estas organizaciones solo presentan datos desde 2021 y ocultan años en que las EPS ganaron dinero. El ministro defendió que el actual Gobierno ha incrementado la UPC por encima de la inflación, algo que no ocurrió en administraciones anteriores.

Sin embargo, investigadores internacionales han cuestionado la posición oficial. En febrero de 2026, un artículo publicado en la revista científica Health Economics Review concluyó que el aumento de 5,36 por ciento en la UPC para 2025 no tiene justificación técnica sino política. Los autores advirtieron que ignorar ajustes necesarios por envejecimiento poblacional y aumento de enfermedades crónicas agrava la insostenibilidad del sistema. Mientras tanto, la discusión continúa sin resolverse, y sus efectos siguen cobrando un costo medido en vidas humanas.