El Gobierno colombiano tomó una decisión que vuelve a encender la polémica alrededor de cómo disponemos de nuestros muertos. El Ministerio de Salud emitió la Resolución 717 de 2026, que legaliza la hidrólisis alcalina como método para la disposición final de cadáveres. Lo peculiar del asunto es que tomó esta ruta administrativa después de que el Congreso rechazara un proyecto de ley similar hace menos de un año, como reveló Blu Radio.

La hidrólisis alcalina, también llamada "cremación sin fuego", es un proceso químico que acelera la descomposición de los tejidos usando agua, calor, presión y sustancias alcalinas. El cuerpo se coloca en un contenedor de acero inoxidable lleno con una solución del 95 por ciento de agua y 5 por ciento de agentes alcalinos, usualmente hidróxido de potasio o sodio. Cuando se aplican temperaturas superiores a 170 grados centígrados y presión, los órganos y tejidos se disuelven en menos de 180 minutos. Lo que queda son restos óseos que se procesan en cenizas, similar a la cremación tradicional.

Quienes defienden este método, principalmente empresas funerarias de Antioquia, subrayan dos ventajas: no emite gases tóxicos a la atmósfera como la cremación por fuego, y cuesta hasta 40 por ciento menos. Sin embargo, la resolución enfatiza que debe aplicarse con estrictas "medidas de bioseguridad correspondientes, con el fin de disminuir los riesgos y evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades". A pesar de esto, persisten interrogantes que no están completamente resueltas.

Entre las principales alarmas está el consumo extraordinario de agua: entre 1.000 y 1.500 litros por cada cadáver. Según lo planteado a la revista Semana por la representante Alexandra Vásquez, el procedimiento genera efluentes que podrían contener metales pesados y residuos tóxicos. La resolución no especifica límites claros de vertimiento, aunque sí establece que todo debe orientarse a "proteger la salud humana y prevenir la propagación de enfermedades".

El verdadero punto de quiebre, sin embargo, tiene que ver con la justicia. El Congreso rechazó una iniciativa similar en junio de 2025 precisamente porque expertos advirtieron que el proceso podría destruir evidencia genética clave para identificar víctimas y resolver crímenes. El exdirector de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, alertó en Blu Radio sobre lo que llamó una eventual "puerta legal a la clandestinidad", temiendo que organizaciones criminales usaran este método para desaparecer rastros de víctimas. Esta preocupación fue lo que hundió el proyecto legislativo.

La norma que ahora está vigente introduce un marco más amplio sobre dignidad humana, subrayando que "trasciende el hecho de la muerte, pues el cuerpo inerte perteneció a una persona". También reconoce que los rituales funerarios importan para la salud mental de los deudos. Pero lo cierto es que el Gobierno evadió la vía legislativa después de que el Senado dijera no, reactivando una polémica que muchos creían cerrada.

Lo que antes era un asunto casi exclusivamente privado ahora pasa bajo vigilancia estatal. La resolución amplía significativamente el control del Estado sobre el manejo de cadáveres, incluyendo explícitamente a los "establecimientos que operen tecnologías para la transformación de cadáveres". El debate ahora es si una decisión ejecutiva puede hacer lo que el Congreso, en democracia, decidió rechazar.