El Gobierno Nacional detectó un problema serio en la operación de sistemas de fotomultas en todo el país. La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte abrieron investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito por incumplimiento de requisitos legales en estos dispositivos automáticos. El principal hallazgo fue que muchas ciudades operaron sin el concepto de desempeño emitido por el Instituto Nacional de Metrología, un documento obligatorio según la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. Los datos oficiales revelaron que 12 oficinas de tránsito operaron sin este concepto, 7 funcionaron con permisos de terceros y 18 obtuvieron documentos técnicos después de haber iniciado operaciones. Entre las ciudades investigadas están Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena y otras capitales importantes.

Las cifras del impacto son considerables. Los 37 organismos implicados aplicaron más de 7,5 millones de comparendos, de los cuales 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos, generando un recaudo superior a $1,05 billones. La ministra de Transporte, Mafe Rojas, fue clara en sus declaraciones: "las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley". Según la funcionaria, cuando hay fallos institucionales en el cumplimiento normativo, los conductores no deben asumir las consecuencias. Cali lideró el registro irregular con 2,7 millones de infracciones, seguida por Medellín con más de 717 mil, Bogotá con cerca de 294 mil y Barranquilla con más de 131 mil.

La medida más beneficiosa para conductores ya fue ejecutada: 5.832.906 comparendos pendientes recibirán revocatoria automática de oficio por parte de los organismos de tránsito, cancelando completamente su validez legal. El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, explicó que "ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley". Esta acción beneficiará a más de 1,4 millones de personas que no tendrán que hacer trámite alguno: sus comparendos simplemente desaparecerán de los sistemas.

Para quienes ya pagaron la multa, el proceso será diferente. Deberán presentar solicitud formal ante la oficina de tránsito que impuso la sanción. El Ministerio de Transporte aclaró en declaraciones a Blu Radio que "las secretarías borrarán los registros de sus sistemas informáticos de forma automática" para los casos pendientes, pero habilitará canales virtuales como ventanillas digitales y correos electrónicos para que los ciudadanos soliciten devoluciones.

Las autoridades de tránsito ahora enfrentan consecuencias financieras serias si las irregularidades se confirman. Deberán retornar los fondos recaudados irregularmente y pagar multas equivalentes al doble del dinero recibido, una obligación que según la legislación vigente superaría los $2,1 billones en total. Esta es una de las mayores medidas de corrección económica que el Gobierno ha tomado contra organismos municipales por incumplimiento normativo en años recientes.