En el marco de la emergencia económica, social y ecológica que enfrenta el país, el Gobierno nacional sacó adelante una estrategia tributaria pensada para descongestionar la cartera morosa de la Dian. Mediante el Decreto 0240 del 12 de marzo de 2026, creó condiciones excepcionales que buscan incentivar a deudores rezagados a regularizar su situación fiscal mientras el Estado recupera recursos para atender la crisis.

El mecanismo es directo: quien tenga obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias vencidas antes del 31 de diciembre de 2025 puede acogerse a una rebaja drástica de castigos. El contribuyente debe pagar íntegramente el impuesto principal y los intereses moratorios calculados al 4,5% anual, pero únicamente debe desembolsar el 15% del valor original de las sanciones. En la práctica, eso significa elidir hasta el 85% de las penalidades.

Para acceder a este alivio, el plazo vence el 30 de abril de 2026. La norma también contempla a quienes nunca presentaron declaración o cometieron errores al hacerlo. En estos casos, pueden radicar o corregir la declaración pendiente y también beneficiarse de la reducción de sanciones. Si el trámite está en primera instancia ante la Dian, la rebaja alcanza el 85%. Si ya avanzó a segunda instancia, el descuento máximo baja al 80%. Quienes quieran acudir a estas conciliaciones tienen plazo hasta el 30 de junio de 2026.

El decreto intenta lograr un equilibrio: facilita la regularización de pasivos tributarios rezagados mientras trata de que el fisco reciba dinero efectivo en un momento de apremio fiscal. La pregunta práctica que se hacen ahora los empresarios es cuántos deudores aprovecharán la oportunidad antes de que cierre la ventana.