Mientras el Gobierno anuncia ayudas para el sector agrícola como condonación de deudas, metió en el Decreto 0175 de emergencia económica algo que tiene preocupados a los legisladores: la facultad de contratar directamente con empresas sin necesidad de hacer licitaciones públicas. La senadora Angélica Lozano lo llamó una "perla" escondida en el documento, y lo cuestionó a través de redes sociales.

Lo que la normativa permite es que las entidades del Estado compren bienes, servicios y logística necesarios para la emergencia sin adelantar procesos de selección competitivos ordinarios. En términos simples, significa saltarse la etapa en la que varias empresas compiten ofreciendo sus mejores precios y condiciones. Lozano fue clara: "el documento elimina límites a las adiciones y elimina la restricción de la ley de garantías en plena época electoral".

Para quien no está familiarizado con contratación pública, esto es lo que preocupa a los expertos: cuando se elimina la competencia entre proveedores, el Estado tiende a gastar más dinero, recibe servicios de menor calidad y abre la puerta a favoritismos. Sin licitaciones públicas, la transparencia cae, y aumenta la posibilidad de que empresas cercanas a políticos obtengan contratos o de que se paguen favores con dinero de los impuestos de los colombianos.

El decreto también hizo desaparecer un tope que tradicionalmente existía: antes, si el Estado quería ampliar o adicionar un contrato ya firmado, solo podía aumentarlo máximo en un 50% de su valor original. Ahora no hay límite. Eso significa que una empresa que gana un contrato por 100 millones podría terminarlo cobrando 500 millones, siempre que justifique que los cambios se deben a la emergencia.

Angélica Lozano reconoció que "la emergencia invernal exige contratación rápida", pero aclaró que "eso no está en discusión". Su crítica va más allá: "lo innegociable es el blindaje total: plan de inversión público, responsables claros, control permanente y rendición de cuentas en tiempo real". Para ella, la emergencia no puede ser "un cheque en blanco para la politiquería".

El Gobierno incluyó algunos controles en el decreto: los supervisores de cada contrato tienen que verificar que cualquier cambio esté directamente relacionado con resolver los efectos de la crisis. También se exigen principios de economía, responsabilidad y selección objetiva en la contratación. Pero aquí está el nudo: estos controles no son los mismos que garantiza una licitación pública. Un supervisor reportando después es diferente a que compitan varias empresas antes.

El verdadero debate está en si la velocidad para atender la emergencia justifica abrir estas compuertas en pleno proceso electoral, cuando hay candidatos buscando financiamiento y empresas buscando favores. Es un equilibrio difícil entre la necesidad de actuar rápido y el riesgo de que los recursos públicos terminen en manos equivocadas.