Un choque entre vehículos en El Rodadero, el popular balneario de Santa Marta, resultó ser la punta del iceberg. Lo que parecía un simple accidente de tránsito terminó exponiendo un sistema estructurado de extorsión que opera desde hace años en las zonas turísticas de la ciudad: hombres en motocicleta que llegan al lugar de los hechos y exigen pagos inmediatos a cambio de no escalar el conflicto. Esta fue la experiencia del líder ambiental Luis Miguel Moisés, cuyo hijo fue obligado a desembolsar 1,5 millones de pesos después de chocar un vehículo eléctrico alquilado. El caso fue tan alarmante que Moisés sacó a su familia de la ciudad por temor a represalias, tras enterarse de que su nombre y fotografía circulaban en listas que supuestamente manejan estructuras armadas en la zona.

Defensores de derechos humanos consultados describen una realidad inquietante: en varios sectores de Santa Marta existe lo que denominan una "autoridad paralela". Según el defensor Lerber Dimas, "En Santa Marta pagar extorsión se volvió un servicio público más". El sistema funciona con una lógica casi empresarial. Jóvenes reclutados por organizaciones ilegales, conocidos como "urbanos", realizan cobros periódicos a comerciantes y prestadores turísticos. A cambio ofrecen vigilancia permanente y resolución de conflictos según sus propias reglas. Como explica Dimas, el mensaje a los negocios es tajante: "si pagan tienen vigilancia permanente y les responden por todo; si no colaboran, no pueden abrir". Los cobros son sistemáticos: por cada silla alquilada en una playa, por cada pescado vendido, por cada pasaje en lancha. Prácticamente toda actividad económica tiene su "impuesto" informal.

El fenómeno ganó notoriedad pública hace varios meses cuando se viralizaron videos de personas con el cabello rapado confesando robos mientras agradecían a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra por darles una "segunda oportunidad". En redes sociales generó miles de comentarios, y lo preocupante fue que muchos respaldaban las acciones del grupo armado argumentando que los hurtos habían disminuido en sectores como El Rodadero y Taganga. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que esa aparente reducción de delitos responde a amenazas violentas contra delincuentes y a la imposición de justicia ilegal, no a mayor seguridad real.

El costo para la economía local es considerable. Muchos empresarios aceptan pagar convencidos de que es la única forma de trabajar sin problemas. Otros han preferido cerrar sus negocios ante la imposibilidad de asumir las cuotas mensuales que demandan. Los defensores de derechos humanos señalan que estos ingresos fortalecen la capacidad operativa de los grupos armados y facilitan el reclutamiento de jóvenes para las rutas de cobro. Esto explicaría por qué cada vez más víctimas de sicariatos son personas entre 19 y 25 años vinculadas a estas estructuras. En apenas seis meses, al menos cinco personas relacionadas con el sector turístico han sido asesinadas en El Rodadero y zonas aledañas.

Aunque las Autodefensas Conquistadores de la Sierra negaron participación en el caso de Moisés, en su comunicado reconocieron que su organización ha ejercido control territorial durante décadas debido a la "ausencia histórica del Estado". Esta afirmación de facto confirma lo que analistas locales ya señalaban: existe una presencia estructural en determinadas zonas. Las tensiones escalaron recientemente cuando circuló un video de hombres armados y encapuchados amenazando a agentes de movilidad. Al día siguiente disminuyó la presencia de funcionarios en algunas zonas y se suspendieron operativos por precaución. El episodio evidenció cómo las intimidaciones impactan incluso las instituciones del Estado.

Ante el deterioro de la situación, el alcalde Carlos Pinedo Cuello anunció un consejo extraordinario de seguridad para revisar los casos denunciados. Además, destacó la creación del Gaula de la Policía exclusivo para Santa Marta, especializado en investigar redes de extorsión. Las unidades ya intensifican campañas en El Rodadero invitando a comerciantes a denunciar y evitar pagar extorsiones. El caso de Moisés rompió un silencio que muchos comerciantes prefieren mantener por miedo.

Santa Marta enfrenta hoy una paradoja incómoda: mientras se consolida como uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe colombiano, crece la presencia de actores ilegales que regulan conflictos, cobran sanciones económicas y ejercen control social. El desafío ahora es recuperar el espacio público antes de que la inseguridad ahuyente a los visitantes que sustentan la economía de la región.