Los gaireros volvieron a pedir justicia. Durante una sesión del Concejo Distrital de Santa Marta, representantes de la comunidad de Gaira expusieron nuevamente lo que consideran una deuda histórica: casi once años sin un centro de salud funcional. El antiguo fue demolido en 2016 cuando se construyó la doble calzada, con la promesa de ser reemplazado rápidamente. Esa promesa nunca se cumplió.

Lo que empezó como un problema administrativo se convirtió en un abandono sistemático. Durante años, la comunidad fue engañada creyendo que la responsabilidad recaía en la concesión Ruta del Sol, cuando en realidad esa empresa solo financió la compra de predios y la demolición. Los recursos para construir el nuevo centro nunca llegaron, y la pandemia, los cambios normativos y la falta de coordinación entre instituciones solo agravaron la situación.

En 2022 finalmente se adjudicó un contrato para las obras, pero aquí comenzó otro calvario. Los números que presentaba la administración anterior decían que la construcción estaba al 90% de avance, pero cuando llegó la nueva administración encontró apenas un 80%, con deficiencias alarmantes: sin agua potable, sin alcantarillado y sin conexión eléctrica. Una inspección de la Procuraduría evidenció que además iniciaron sin licencia, construyeron donde no debían y dejaron problemas estructurales sin resolver. El contrato fue liquidado por incumplimiento.

Mientras tanto, unos 100 mil habitantes de Gaira, El Rodadero, Cristo Rey, Don Jaca y La Paz cargan con la realidad de un centro de salud precario donde atienden a gente en condiciones indignas. Turistas y residentes por igual han tenido que buscar soluciones en un espacio que está lejos de ser lo que prometieron hace una década.

"Nosotros no estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo que se respete nuestro derecho a la salud digna", expresó el vocero de la comunidad ante el Concejo, haciendo un llamado directo a las autoridades distritales y nacionales. La comunidad reconoce que la actual administración tiene voluntad de resolver, pero advierten que no pueden seguir esperando mientras su derecho a la salud se posterga indefinidamente.