Más de un año ha pasado sin que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo sobre la Reforma Pensional, y según el análisis del jurista Rafael Rodríguez-Jaraba, esta tardanza genera una crisis institucional profunda. El abogado advierte que la justicia lenta se convierte en injusticia, socavando la confianza en la Rama Judicial y la seguridad jurídica que requieren los ciudadanos para tomar decisiones sobre sus inversiones y patrimonios.

El principal cuestionamiento gira en torno a cómo se aprobó la reforma. Rodríguez-Jaraba subraya que la repetición del cuarto debate los días 27 y 28 de junio de 2025, presidida por Jaime Raúl Salamanca, viola normas elementales del proceso legislativo. Afirma que la notificación de actos parlamentarios es esencial para su validez, y que la ley establece claramente que la falta de formalidades requeridas no puede suplirse con otras pruebas. Esto significa, según su análisis, que esa repetición del debate carece de validez legal.

Pero los problemas van mucho más allá de los trámites. El jurista señala que los vicios son sustantivos y de fondo: la reforma modifica el estatuto tributario imponiendo impuestos a algunas pensiones y, lo que considera más grave, expropian el ahorro privado de cientos de miles de ciudadanos. Considera que la reforma viola principios fundamentales como la consecutividad, identidad flexible y unidad de materia en la formación de leyes.

Rodríguez-Jaraba recuerda que la propia Corte Constitucional notificó a la Cámara el Auto 841 de 2025 el 14 de agosto, identificando irregularidades que debieron obligar a repetir el debate con todas las formalidades: discutiendo artículo por artículo, sin votaciones en bloque. Esto nunca sucedió de la manera requerida.

Desde su perspectiva, todo decreto que el Gobierno dicte para reglamentar esta reforma es ilegal y carece de legitimidad. El Consejo de Estado ya tomó una decisión importante al suspender provisionalmente el Decreto 415 de 2026, mediante el cual se pretendía ordenar el traslado de 25 billones de pesos de ahorros de las Administradoras de Fondos de Pensiones hacia Colpensiones.

El analista termina su reflexión con una llamada urgente a las altas cortes colombianas: que declaren la inconstitucionalidad de la Reforma Pensional sin más demora, que corrijan errores anteriores sobre decretos tributarios, y que el Consejo de Estado resuelva otros asuntos rezagados. Su mensaje es contundente: la tardanza judicial no es justicia, es injusticia, y la nación espera resoluciones de las cortes sin más aplazamientos.