Una operación coordinada entre la Fiscalía General y la Policía logró desarticular una red internacional dedicada a las peleas clandestinas de perros que funcionaba en una finca de La Calera, al nororiente de Bogotá. El operativo, realizado en la vereda Aurora Alta, resultó en la captura de 13 personas: nueve extranjeros y cuatro colombianos que participaban activamente en estos enfrentamientos ilegales.

Las autoridades sorprendieron a los integrantes de la red en flagrancia mientras desarrollaban peleas de perros en un cuadrilátero improvisado. En el lugar se congregaban participantes provenientes de cuatro países: Colombia, República Dominicana, Ecuador y Venezuela. Este detalle revela la escala internacional de una operación que funcionaba desde territorio nacional pero con alcance transnacional.

El rescate de 12 caninos en condiciones críticas de salud fue otro resultado del operativo. Algunos de estos animales habían sido utilizados como carnada para iniciar las peleas, práctica que refleja la brutalidad de estas actividades. Las autoridades también encontraron dos perros muertos, aparentemente víctimas del maltrato sistemático que caracteriza estas prácticas.

La investigación identificó al presunto organizador del evento y a un médico veterinario como figuras clave en la estructura criminal. Según los hallazgos, ambos coordinaban la convocatoria de participantes a través de redes sociales y promovían apuestas ilegales entre asistentes. Esta sofisticación operativa sugiere una red consolidada y no un evento aislado.

La Fiscalía imputó a los detenidos por los delitos de muerte animal y lesiones graves contra animales, conductas que según la legislación colombiana generan penas de prisión y multas. Dos de los capturados, señalados como principales responsables, permanecen en centros carcelarios mientras los demás continúan vinculados al proceso judicial.

Las autoridades enfatizaron que este operativo representa un golpe significativo contra estructuras que lucran del maltrato animal. El caso subraya cómo actividades prohibidas y penalizadas siguen funcionando en zonas de difícil control, especialmente cuando operan de manera discreta en áreas rurales próximas a grandes ciudades.