La tensión entre el Gobierno y los empresarios por las reglas del juego laboral llegó a los juzgados. Fenalco, la federación de comerciantes más grande del país, presentó una demanda pidiendo que anulen el Decreto 234 de 2026, una norma que introduce cambios profundos en cómo negocian salarios y condiciones los trabajadores con sus empleadores. Para el gremio empresarial, esto no es un simple reglamento: es el Ejecutivo pasándose de la raya al legislar por su cuenta en un asunto que solo el Congreso podría tocar legalmente.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, fue claro en su crítica: "el decreto no reglamenta la ley, sino que la reemplaza". El gremio argumenta que la medida toca derechos fundamentales de trabajadores y empresarios sin pasar por el Congreso, lo que viola principios básicos del Estado de Derecho. Entre los puntos que más preocupan está un nuevo esquema de negociación por niveles (unidad de pliego, mesa y convención) que, según Fenalco, nunca ha existido en la legislación colombiana y transforma completamente cómo funcionan las relaciones laborales en el país.

Pero hay más: el decreto obliga a las empresas a compartir información económica y estratégica durante las negociaciones. Para los comerciantes, esto es grave porque vulnera el secreto empresarial y crea inseguridad jurídica. Como lo advirtió Cabal: "Esto genera inseguridad jurídica y pone en riesgo la competitividad del tejido empresarial". En otras palabras, les preocupa que las compañías queden expuestas y que inversionistas se asustén.

Fenalco también levanta otra bandera: dice que el decreto restringe los derechos de sindicatos pequeños al crear nuevas reglas de representatividad, lo que les quitaría peso en las mesas de negociación. Y cuestiona un mecanismo donde trabajadores sin afiliación sindical tendrían que pagar contribuciones derivadas de acuerdos sectoriales, algo que el gremio compara con "un tributo sin representación".

Desde el Gobierno, la respuesta fue directa. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, acusó a Fenalco de "antisindicalismo" y de buscar debilitar la capacidad de los trabajadores para defender sus derechos. El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha insistido en que el objetivo es permitir negociaciones por rama productiva para darle más fuerza a los empleados frente a prácticas que afectan la libre competencia.

Ahora los tribunales tendrán la palabra. Esta batalla judicial es más importante de lo que parece porque define quién tiene autoridad para cambiar las reglas del mercado laboral en Colombia: ¿el Ejecutivo con sus decretos o el Congreso con sus leyes? Y del lado práctico, también fija cómo van a negociar salarios y condiciones millones de trabajadores y empleadores en los próximos años.